La destitución de diputados de la oposición nicaragüense preocupa a la CIDH

El pasado 28 de julio, el Consejo Supremo Electoral (CSE) ordenó destituir a 28 diputados del opositor Partido Liberal Independiente (PLI) por desobedecer las órdenes de su nuevo líder, Pedro Reyes, al que muchos ven como un aliado en la sombra del Gobierno de Daniel Ortega.

La CIDH denuncia que con este movimiento los que habían sido elegidos "por voto popular" fueron remplazados por "una decisión judicial emitida en un contexto político de año electoral", ya que este mismo año, el próximo 6 de noviembre, se celebran los comicios.

La Comisión ha recordado que el derecho al voto significa que "los ciudadanos puedan decidir directamente y elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán en la toma de decisiones de los asuntos públicos" y que la participación política supone que "los ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar y ejercer los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello".

Así, ha denunciado que si la destitución tiene "como resultado" que personas "electas" no puedan "terminar de ejercer el cargo por el período para el que fueron electas", esto podría traducirse en una restricción indebida al ejercicio de los Derechos políticos.

En este contexto, la Comisión ha pedido al Estado que genere "las condiciones y mecanismos adecuados para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación" y ha recomendado "adoptar las medidas necesarias para garantizar el debido respeto a las facultades de los adversarios políticos que han sido electos e investidos por el mandato popular".