Un grupo de indígenas secuestra a diez militares venezolanos en respuesta a la quema de varias viviendas

"El comandante se encuentra bien pero está custodiado. Todos están bien, nosotros los desarmamos", ha confirmado Ramón Tomedes, presidente de la Fundación Indígena Medewadi y portavoz de la Organización Kuyujani.

La Organización Indígena de la Cuenca del Caura Kuyujani ha explicado, a través de un comunicado, que el miércoles "de forma arbitraria el comandante quemó dos viviendas indígenas, aparentemente, en venganza por las denuncias que contra él se han hecho".

Desde octubre de 2014 se han repetido las denuncias de la Organización Kuyujani sobre el comandante "por no respetar las cuotas de combustible asignadas para el transporte desde y hacia las comunidades que viven en la zona", han explicado. A esta denuncia hay que sumarle el malestar de los indígenas por la buena relación entre los militares y los que practican la minería de forma ilegal, una práctica que ha desembocado en la deforestación y contaminación por mercurio de la zona.

En esta línea la organización indígena a denunciado que desde octubre no reciben combustible "porque aunque lo han autorizado, el comandante se ha negado arbitrariamente y eso ha afectado al transporte, la salud y la educación".

"Los indígenas del lugar retuvieron al comandante y a nueve soldados produciéndose disparos que afortunadamente no causaron daños. En este momento el Comandante Giordani Leal, así como los soldados se encuentran custodiados por los indígenas ye'kwana y sanema que allí viven", han explicado en el comunicado. "Sin embargo, al lugar están llegando masivamente los indígenas de la zona para sumarse a la protesta por el atropello cometido por los militares", han advertido.

EXIGEN PRESENCIA DEL GOBIERNO

Aunque los indígenas se han mostrado favorables a una negociación para la liberación de los diez militares, también han asegurado que no aceptarán "ni un atropello más". La organización rechaza la actividad minera ilegal e independientemente y reconocen que, aunque en el 2006 solicitaron la colaboración de la Fuerza Armada Nacional para controlar la invasión minera en el Caura, dos años después se han visto obligados a denunciar que "los militares se han hecho cómplices de la minería ilegal".

Por todo ello, los indígenas han exigido la presencia de altos representantes del Gobierno, entre los que mencionan al vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, para negociar la liberación de los militares. "Estamos cansados tanto de los atropellos de los militares, como de los mineros que están destruyendo los ecosistemas y el territorio", han afirmado.

Asimismo, solicitan la retirada de los militares, el desalojo de todos los mineros ilegales y que se respeten las disposiciones de combustible y a las comunidades indígenas y sus derechos sobre una tierra "ancestral y tradicional".

SECUESTROS DE MILITARES

No es la primera vez que un grupo de indígenas secuestran a militares venezolanos como forma de protesta. A finales de octubre de 2011, 13 comunidades indígenas del Alto Paragua desarmaron a 22 miembros del Ejército asegurando que permitían la minería ilegal en los espacios de los que habían sido desalojados meses antes.

En febrero de 2013, miembros de 12 comunidades indígenas del sector tres de Urimán, en el sur de Bolívar, detuvieron y desarmaron a 43 militares en represalia por la suspensión de las autorizaciones de vuelo a 21 aeronaves privadas, que contribuían al abastecimiento de alimentos, medicinas y al traslado de pacientes e indígenas desde las comunidades remotas hasta las ciudades.