Tres muertos y decenas de heridos por las protestas en Nicaragua contra la reforma de la Seguridad Social

Las protestas comenzaron a las 8.30 (hora local) en la Universidad Nacional Agraria (UNA), cuando un grupo de estudiantes cortó el tráfico con una marcha. Agentes antidisturbios intentaron frenar su avance y desataron un enfrentamiento en el que los manifestantes cerraron varias facultades en señal de protesta, dejando dentro a alumnos, profesores y personal administrativo.

Los universitarios se enfrentaron a las fuerzas de seguridad con piedras y cócteles molotov, a lo que los uniformados respondieron con balas de goma, bombas sonoras y gases lacrimógenos. Los disturbios, a los que se fueron sumando manifestantes y grupos pro gubernamentales, se extendieron a otros barrios de Managua en los que se levantaron barricadas con neumáticos incendiados.

Además, en medio de los enfrentamientos, la señal de la televisión local 100% Noticias, que estaba emitiendo en directo desde Managua, fue cortada de forma abrupta. La cadena nicaragüense ha calificado la medida como "arbitraria e ilegal" en su cuenta oficial de Twitter.

Los choques del jueves, que terminaron a altas horas de la madrugada, se saldaron con un estudiante, un militante 'sandinista' y un policía muertos y cerca de 40 heridos, incluido un joven que ha perdido el ojo, según el balance de víctimas proporcionado por las autoridades y la prensa local. Los manifestantes han anunciado nuevas movilizaciones para este viernes.

El origen de la protesta es una reforma del INSS por la cual la aportación salarial de los trabajadores a la seguridad social pasará del actual 6,25 a un 7 por ciento; la de los empresarios mediante sus beneficios, de un 19 a un 22,5 por ciento; y los jubilados tendrán que empezar a contribuir con una retención en sus pensiones del 5 por ciento.

El director general del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), Roberto López, ha explicado que estas medidas son necesarias para dar sostenibilidad financiera a la institución para los próximos diez años, tras lo cual se requerirá un nuevo ajuste.

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha expresado en un comunicado su "profunda preocupación" por la violencia en Nicaragua y ha instado al Gobierno de Ortega a actuar para evitar nuevos ataques contra los manifestantes y los medios de comunicación.

"El Estado nicaragüense debe cumplir sus obligaciones internacionales para garantizar que las personas puedan ejercer libremente sus derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica y asociación. También instamos a los que se manifiestan a hacerlo de forma pacífica", ha dicho la portavoz Liz Throssell.

Por su parte, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, ha justificado la represión contra "minúsculos grupos" como legítima defensa.