Anticorrupción declara la competencia de la Audiencia Nacional para investigar al Banco de Valencia

Según el escrito enviado por el Ministerio Fiscal, los hechos descritos por los administradores del FROB tienen una "grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional" por lo que la competencia para investigarlos corresponde a la Audiencia Nacional.

El informe de Anticorrupción concluye que la querella pone de manifiesto que en octubre de 2011 el consejo de administración de Banco de Valencia tuvo que ser sustituido por un administrador provisional nombrado por el FROB debido a la situación económica en que se encontraba la entidad.

Esto dio lugar a la intervención del banco por parte del Banco de España el 21 de noviembre de 2011, que tuvo que inyectarle cerca de 2.000 millones de euros y otorgarle un aval de 1.500 millones de euros para pedir dinero al Banco Central Europeo (BCE) para evitar su quiebra.

"Los hechos descritos en la denuncia presentada, siendo que además es una empresa cotizada, suponen la afectación de la economía nacional, al verse afectado el propio sistema financiero, con incidencia en otras sociedades, también cotizadas", concluye el escrito del fiscal.

Anticorrupción pide así al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que estudie la admisión a trámite de la denuncia y reclama al Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia que se inhiba en favor de la Audiencia Nacional y traslade las diligencias previas realizadas por la querella presentada por un grupo de accionistas contra varios miembros del consejo de adminsitración del Banco de Valencia.

En el escrito remitido al juzgado por el FROB con fecha 5 de junio, el organismo informó de que sus administradores detectaron en la entidad indicios de actuaciones irregulares y solicitaron una investigación independiente que culminó en un informe pericial, que es la base de la denuncia presentada.

En el procedimiento instruido en Valencia hay un total de 27 imputados, entre los que se encuentra el expresidente de Banco de Valencia y expresidente de Bancaja, José Luis Olivas. En un principio, el juez iba a tomarles declaración el pasado 25 de abril, pero se suspendieron tras solicitarlo el Ministerio Fiscal, quien consideraba que no se disponía de suficiente documentación para comenzar con las declaraciones.