Un alto cargo de Arpegio admite que dio contratos a Correa siguiendo "órdenes" de López Viejo

Un alto cargo de Arpegio, la sociedad pública de gestión del suelo de la Comunidad de Madrid, ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que la empresa pagó facturas a una empresa de la red 'Gürtel' siguiendo "órdenes" de la Consejería de Cultura, Deportes y Turismo, que dirigía Alberto López Viejo, informaron fuentes jurídicas.

El secretario general de Arpegio, Francisco Esquivias, que ha declarado como testigo del 'caso Gürtel', ha reconocido que la sociedad se hizo cargo de al menos tres facturas por eventos y presentaciones que no correspondían con su actividad por orden del departamento dirigido por López Viejo.

Al ser preguntado si las directrices partían del entonces viceconsejero de Deportes, Pedro Rodríguez, el testigo ha señalado que los responsables de Arpegio solían hablar con él aunque se ha mostrado convencido de que no tenía poder de decisión sobre esas facturas. De igual modo, ha señalado que Arpegio tenía medios para presentar sus propios actos y no necesitaba acudir a empresas externas.

Los contratos oscilaban entre los 6.000 y los 13.000 euros y fueron adjudicados a la empresa MQM, que formaba parte del entramado dirigido por Francisco Correa. Consistían, entre otros, en la presentación del servicio de emergencias 112 y el proyecto urbanístico de Arroyo Culebro.

"ÓRDENES POLÍTICAS"

También ha declarado el consejero delegado de la entidad, Francisco Labayen, quien ha reconocido que estas decisiones se tomaban siguiendo "órdenes políticas" aunque no ha precisado quién las daba.

El juez instructor también ha interrogado a otros tres testigos, entre ellos Carmen García Expósito, que era jefa de la Secretaría de la Viceconsejería de Presidencia cuando López Viejo simultaneaba este cargo con sus funciones como consejero, y Javier Peña, director de Servicios Generales de la Academia de Policía Local de Madrid en 2007. Según las citadas fuentes, los tres han reconocido la validez de las facturas investigadas.

Mañana, jueves, serán interrogados cuatro empresarios que están imputados, según el juez Ruz, por realizar "cuantiosos pagos" a López Viejo como consecuencia "de la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y Consejerías de la Comunidad Autónoma de Madrid".

Se trata de Juan Ignacio Hernández Rodríguez, vinculado al Grupo Elba; Antonio Martín Sánchez, relacionado con MQM; y Carmen Moreno Crespo y Carmen García Moreno, administradoras de varias sociedades del Grupo Rafael.

El magistrado cree que para facilitar el fraccionamiento de los contratos y así simular "una concurrencia de distintas sociedades", realmente vinculadas con el mismo grupo, Correa empleó no sólo empresas vinculadas con él si no también otras, que accedían a figurar en los documentos oficiales a cambio de comisiones de entre el 5 y el 11,5 por ciento.

El cabecilla de la red 'Gürtel' contaba con la "connivencia" de los gestores de las empresasas para realizar este tipo de operaciones, de las que tenía también "conocimiento" el entonces consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre.

FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS

Además, Ruz pedía a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que ampliara el informe que realizó el pasado 30 de abril y que ha motivado los nuevos interrogatorios. En él se aseguraba que la Comunidad de Madrid fraccionó entre los años 2004 y 2008 un total de 104 contratos con la red 'Gürtel', por un importe total de 3.160.549,23 euros, para "eludir los requisitos de publicidad y de adjudicación" establecidos por la ley.

Del desglose de los actos contratados por cada consejería se desvelaba que el departamento de Cultura, Deportes y Turismo, que dirigía López Viejo, organizó 23 actos por importe de 719.345,85 euros. La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por su parte, contrató 24 actos con las empresas de Francisco Correa por importe de 974.107,45 euros.

En el examen de la documentación analizada se ponían de manifiesto, según la IGAE, "facturas cuyo concepto es genérico o sin desglosar las unidades y su coste unitario, facturas cuya fecha de emisión es muy posterior a la celebración del acto y actos en los que intervienen diferentes órganos gestores que no inician el expediente de contratación sino que se limitan a pagar una factura por indicación del titular de una consejería determinada".

También se destacaba que se llevaron a cabo actos "negociados sin publicidad" como la presentación del Plan Prisma o la fabricación del 'stand' de la feria Integramadrid 2008, en los que no se promovió "realmente" la concurrencia "vulnerando los principios aplicables a la contratación pública".