La Audiencia Nacional investigó a siete bancos e imputó a medio centenar de sus directivos durante 2012

La Audiencia Nacional abrió durante el pasado año investigaciones contra siete entidades bancarias e imputó a medio centenar de sus directivos por irregularidades en su gestión. El órgano judicial también registró un incremento "histórico" de asuntos en materia laboral con una subida del 45% al pasar de 268 a 391 casos en 2012.

La instrucción de delitos económicos protagonizó la actividad del tribunal, según se desprende de la Memoria de la Audiencia Nacional 2012, que recuerda las actuaciones seguidas contra Bankia, Banco de Valencia, Novacaixagalicia o Caixa Penedés. Los jueces continuaron además tramitando los procesos abiertos contra Caja Castilla-La Mancha, la CAM o Eurobank del Mediterráneo.

El documento recuerda que, con la reciente admisión de una querella contra los antiguos gestores de Caja Navarra, todos los Juzgados Centrales de Instrucción han incoado diligencias contra entidades financieras, algunos de los cuales conllevan una "compleja" investigación y tramitación por el volumen de perjudicados.

La Sala de lo Social también adquirió una mayor notoriedad en el último año como consecuencia de la aprobación el pasado julio de la reforma laboral. Los asuntos crecieron en un 45,89%, destacando una "llamativa" entrada de asuntos en agosto, cuando llegaron hasta los 28 mientras que en años anteriores no superaban los cinco.

La Memoria destaca la "relevancia" que adquirió la Audiencia Nacional en un contexto de "grave" crisis económica, que abocó a los magistrados a "abrir camino en la interpretación y aplicación de las nuevas regulaciones, que no se distinguen precisamente por su claridad y precisión, especialmente en materia de despido colectivo".

"La competencia de la Sala se sitúa en el centro de gravedad del derecho colectivo del trabajo, de manera que el resultado eficiente de su trabajo permitirá resolver colectivamente litigios estratégicos de las relaciones laborales, contribuyendo, de este modo, a ordenar colectivamente el mercado de trabajo, que es uno de los requisitos constitutivos para la modernización de nuestro sistema productivo", explica el documento.

Los jueces dictaron varias sentencias avalando la nueva reforma laboral siempre y cuando se acrediten las debidas causas económicas y productivas. En otras resoluciones, determinaron que los convenios de empresa tienen prioridad sobre los convenios sectoriales y las condiciones de trabajo en ellos pactadas; y anularon un ERE a una compañía que esperó a la aprobación de la reforma laboral para aplicarlo.

AUMENTO DE ASUNTOS EN LO CONTENCIOSO

También la Sala de lo Contencioso-Administrativo tuvo un año intenso como ponen de manifiesto los 9.153 asuntos que ingresaron en 2012 frente a los 8.405 del ejercicio anterior. "Pese a lo cual, los magistrados resolvieron más asuntos que ningún otro año", añade.

En concreto, pusieron fin a 11.755 procedimientos, aunque el nivel de pendencia de este órgano es todavía elevado por la complejidad de los asuntos resueltos y las reformas legislativas que han aumentado las competencias de esta Sala en primera instancia y en apelación.

La reducción del número de asuntos pendientes pese al aumento de los ingresados se explica por el "esfuerzo" y "dedicación" de los magistrados, así como por los "remedios procesales" de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reveló que el 84,9% de las sentencias dictadas en esta jurisdicción han sido confirmadas, mientras que el 9,9 fueron revocadas totalmente, el 4,3 lo fueron parcialmente y el 1 por ciento anuladas.

La Memoria pone de relieve que la Sala de lo Contencioso también resolvió causas de "gran" complejidad y trascendencia, como el denominado procedimiento 'derecho al olvido' en el que planteó una cuestión prejudicial pionera en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la protección de datos de un particular frente a Google.

Esta Sala también avaló la convocatoria pública para al selección de los municipios candidatos a albergar el cementerio nuclear y rechazó la indemnización de 4 millones de euros solicitada por Dolores Vázquez por el tiempo que estuvo en prisión como sospechosa de la muerte de la joven Rocío Wanninkhof.