La Audiencia de Valladolid confirma la exclusión del alcalde de la lista de imputados por el 'Caso PGOU'

La resolución de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia vallisoletana, presidida por Feliciano Trebolle, deja fuera del procedimiento al alcalde y al concejal Manuel Sánchez pese al criterio en contra de la Fiscalía y la acusación popular, excluye de la lista de imputados al secretario municipal, Valentín Merino Estrada, a José Luis Barca, exjefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, y a Luis Ángel Lavín Deza, actual letrado municipal, mientras que incluye en el listado de personas imputadas a Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, S.L, que ya prestó declaración por estos hechos como imputado a lo largo de la instrucción.

A su vez, la Audiencia Provincial acuerda que se tome declaración como imputados a Gonzalo Jolín, Pilar Asunción López Mazariegos, Francisco Capellán Bernardo y Lino Collazos del Castillo.

El citado tribunal resuelve de esta forma los recursos de apelación interpuestos por todas las partes personadas en la causa, que, a excepción del letrado de José Luis Mayordomo, socio del Grupo Capitol, habían solicitado de forma unánime la nulidad del auto de imputación, aunque de forma subsidiaria tanto el Ministerio Fiscal como la acusación popular, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', pretendían la inclusión en la lista de imputados del alcalde, Francisco Javier León de la Riva, y del concejal Manuel Sánchez, junto con el empresario Ramón Herrero Merino, de Área Especial S.L.

La resolución de la Audiencia de Valladolid se produce después de analizar los autos originales de la causa, en total 7.750 folios y numerosas grabaciones de declaraciones, junto con los catorce recursos de apelación de los imputados, doce de ellos de personas físicas y dos del fiscal y la acusación popular, interpuestos contra el auto de fecha 31 de julio de 2013 del Juzgado de Instrucción número 1.

En aquel auto, el juez excluyó al alcalde de Valladolid y en cambio dirigió la causa contra doce personas físicas y cuatro empresas. En concreto, responsabilizó de las alteraciones detectadas en la principal herramienta de planeamiento urbano de Valladolid al exedil de Urbanismo, José Antonio García de Coca; al secretario municipal, Valentín Merino Estrada; al arquitecto Luis Álvarez Aller; al exjefe de Área de Urbanismo, Modesto Mezquita; a José Luis Cerezo, exjefe de este servicio; a los hermanos José Luis y Eduardo González Torres y a José Luis Mayordomo (expresidente del Baloncesto Valladolid), los tres socios de Grupo Capitol; Antonio Pastrana y José Ángel Astorga, socios de Parkosa; así como a José Luis Barca, exjefe de la Asesoría Jurídica municipal y al todavía letrado municipal, Luis Ángel Lavín Deza.

Junto a ellos, figuraban también como imputadas cuatro empresas: Capitol Promociones, Parkosa, Vallenaba Capitol y Progot.

A los imputados se les acusa de delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios, todo ello por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.

CINCO AÑOS DE INVESTIGACIÓN

El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos --el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos-- y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.

Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación popular tras desembolsar 8.000 euros de fianza.