La Audiencia ordena detener a los imputados por el asedio al Parlament

El magistrado imputa a todos ellos un delito contra Altos Organismos de la Nación, castigado con penas de entre tres y cinco años de cárcel, por los "actos de fuerza, intimidación o amenaza contra los miembros de la Cámara legislativa autonómica" que se produjeron al objeto de "impedir la asistencia a sus sesiones y a entorpecer su labor".

Desde primera hora de este lunes los Mossos d'Esquadra han comenzado a localizar a los imputados y les han trasladado a comisaría, donde les han tomado declaración y les han entregado las correspondientes citaciones judiciales. Una vez realizados estos trámites, los arrestos quedan sin efecto, según ha informado la policía catalana en un comunicado.

Identificados por las grabaciones

Las imputaciones se han producido después de que el juez Velasco solicitara a la policía autónoma catalana que identificara a las personas que participaron en estos hechos y que le enviaran las imágenes que fueron grabadas en las inmediaciones del Parlamento catalán.

El juez instructor, que abrió esta investigación a petición de la Fiscalía, rechazó investigar los "incidentes contra el orden público", "atentados" y actos de "resistencia o desobediencia" que se produjeron el 15 de junio y que se persiguen en los Juzgados de Barcelona.

Algunos diputados autonómicos fueron objeto de insultos, abucheos y empujones cuando intentaban acceder a la Cámara a través del Parque de la Ciudadela de Barcelona, mientras que otros, como el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlamento, Núria de Gispert, fueron trasladados en helicóptero.

A pesar de que la fiscal Teresa Sandoval solicitó que se impusiera a Manos Limpias una fianza de 50.000 euros para poder personarse en esta causa en un escrito en el que le acusaba de pretender establecer "una inquisición general" contra todas las actividades del 15-M, el juez acordó rebajar esa petición a 3.000 euros, dado "el interés ciudadano" que, a su juicio, tenía "la persecución de delitos que afectan a sus instituciones esenciales, cual es el caso del Parlament de Cataluña".

De igual forma, destacó la necesidad de "permitir el legítimo ejercicio de la acusación popular, compatibilizándolo con la intención legal de resarcir en su caso los hipotéticos daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso inadecuado de esta institución procesal".

La Fiscalía, sin embargo, apuntó en su escrito que las actuaciones de Manos Limpias eran "difícilmente compatibles con el legítimo interés de que se imparta justicia", al pedir que se investigaran en un mismo procedimiento otros incidentes que se produjeron en Madrid, Valencia, Getafe o Alcalá de Henares.

A su juicio, la pretensión de los querellantes "quiebra las más elementales reglas del proceso penal y aboca inevitablemente a una inquisición general prohibida en nuestra Constitución, y particularmente proscrita por la doctrina constitucional". EBP