Catalá se reafirma en que la Ley de Enjuiciamiento Criminal es un "éxito" para acabar con macroprocesos y ciberdelitos

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reafirmado en que la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es un "éxito" para acabar con los 'macroprocesos', combatir la corrupción y perseguir las "ciberamenazas", al tiempo que ha puesto de relieve que las normas requieren de actualizaciones al carecer del "elixir de la eterna juventud".

"Las virtuosas manos de un cirujano nada pueden lograr sin el instrumental adecuado, al igual que los jueces y magistrados necesitan ser dotados de las herramientas procesales necesarias para hacer su labor con eficacia", escribe el ministro en el prólogo del libro 'La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015', editado por 'Castillo de Luna. Ediciones Jurídicas' y que esta semana ha llegado a las librerías.

Catalá asemeja la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882 y ha sufrido 75 modificaciones --47 de ellas en democracia--, con los "magníficos edificios del pasado que conservan su fachada histórica", pero que han sido reformados en su interior para adaptarse a las "funcionalidades" propias de su tiempo.

En la obra, escrita por el magistrado y presidente de la Sala de lo Penal del Supremo Manuel Marchena y el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha y abogado Nicolás González-Cuellar, el ministro destaca algunas de las mejoras de la nueva LECrim, entre ellas la generalización de la segunda instancia o la agilización del proceso para "acabar con los macroprocesos que en muchas ocasiones producen una sensación de impunidad".

CAMBIO EN VIGOR EL PRÓXIMO MES

Los autores, que formaron parte de la Comisión de expertos designada por el anterior ministro Alberto Ruiz-Gallardón para la elaboración del 'Código Procesal Penal', desgranan y analizan todas y cada una de las medidas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el nuevo Código Penal que afectan al proceso penal y entrarán en vigor el próximo mes.

Esta guía doctrinal se compone de ocho capítulos en los que se repasa la regulación de plazos en la instrucción, el fortalecimiento de los derechos del "investigado o encausado", el estatuto de la víctima, las herramientas para la investigación tecnológica y los juicios de delitos leves o delitos contra la Hacienda Pública.

Los autores culminan la obra con un examen a la segunda instancia, la casación y el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en España.