Catalá llama a los partidos a incorporarse el jueves al "gran acuerdo antiterrorista que fortalece el Estado de Derecho"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha llamado a todos los partidos del arco parlamentario a incorporarse, durante la votación este jueves en el Congreso de los Diputados, al "gran acuerdo antiterrorista" que ya han firmado PP-A y PSOE-A "para fortalecer el Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo".

Así lo ha dicho durante su intervención en un foro de justicia organizado por el PP-A en Sevilla y en el que, tras lamentar el último episodio acaecido en Dinamarca, ha advertido de que hay que hacer frente a la "nueva realidad y nuevas formas" del terrorismo.

Según ha defendido, la reforma del Código Penal promovida por el Ejecutivo central responde precisamente a este reto y por eso ha llamado "a todos los partidos" a participar en este pacto antiterrorista, ya que el PP está "convencido de que las reformas que consolidan el Estado de Derecho tienen que ser llevadas a cabo entre todo el arco parlamentario si fuera posible".

"Por eso propusimos al PSOE un Pacto de Estado para la reforma del Código Penal en materia de terrorismo y esta semana esperamos también, el jueves se votará en el Congreso de los Diputados, que otros grupos parlamentarios se incorporen a este gran acuerdo", ha recalcado.

En este contexto, Catalá ha criticado que haya "unos cuantos que dicen que si la cadena perpetua es inconstitucional o que si es una medida inhumana y degradante" cuando, sin embargo, "las encuestas dicen que más del 65 por ciento de los ciudadanos apoyan la prisión permanente revisable".

Tras recordar que "es una pena establecida en toda Europa" y que los socialistas se opongan simplemente porque es una propuesta del PP "sin acordarse de que fue un socialista, François Mitterrand, el que la implantó en Francia", ha lamentado que en España "unos se hayan creído que son más demócratas que nadie" y rechacen "algo que es plenamente coherente con todos los tratados internacionales".

Según el ministro, oponerse a la prisión permanente revisable es "dar la espalda" a situaciones como las de que un violador o un asesino múltiple "pueda estar en la calle" porque haya pasado el tiempo de su condena y no se haya podido asegurar "de que está en condiciones de volver a la convivencia social".

"A mí me parece que es una gravísima carencia de nuestro sistema penal y penitenciario y, por lo tanto, la prisión permanente revisable que el PP aprobará en las próximas semanas nos va a dotar de un mejor instrumento, en primer lugar, en la prevención del delito; segundo, en el castigo eficaz del delito y, tercero, en garantizar la reinserción de aquellos que están reinsertados, no de aquellos que siguen siendo una amenaza para la sociedad", ha ejemplificado.

Por todo ello, Catalá ha asegurado que el Gobierno de la Nación va a "apurar al máximo" los meses que quedan de legislatura "para seguir aprobando leyes que fortalezcan el Estado de Derecho y avancen en la mejora de la justicia". De este modo, según ha añadido, el PP llegará al final de 2015 "con la satisfacción de que hemos cumplido el programa electoral de 2011". "Es seña de identidad y así es como trabajamos", ha apostillado.

EXIGE RESPONSABILIDADES A LAS CCAA

En este contexto, el ministro de Justicia ha defendido otras reformas promovidas por el Ejecutivo central (como la del Estatuto de la Víctima o la de la ley de enjuiciamiento criminal) con el objetivo de establecer un sistema judicial "de calidad y del siglo XXI" y ha acusado a las comunidades autónomas de "diluir responsabilidades" en esta materia desde el año 1997 en que adquirieron las competencias en medios materiales y personales.

En su opinión, "es verdad que tenemos un sistema complejo y en el que es necesaria la coordinación entre instituciones pero eso no significa que las comunidades autónomas puedan diluir sus responsabilidades" cuando, por ejemplo, se encuentran "con dificultades en los medios materiales y personales", aspecto que son "responsabilidad directa" de los gobiernos autonómicos.

"A veces, cuando las comunidades hacen críticas hacia la falta de medios para abordar sus demandas, creo que lo que están haciendo es desviando parte de esos recursos a otras políticas públicas o a otras medidas. Ellos priorizan pero, en todo caso, con el presupuesto que se les asignó en su día y con el crecimiento que han tenido en estos 18 años, la Junta tiene financiación más que sobrada para abordar todas las necesidades que existen en Andalucía en la actualidad".