CiU y PP relajan los requisitos para constituir fundaciones y el control sobre las mismas, en el parlamento catalán

CiU, PP y el diputado no adscrito Joan Laporta han aprobado una reforma del libro tercero del Código Civil catalán para facilitar la puesta en marcha de fundaciones, y que ha sido rechazada por el resto de grupos al considerar que relaja el control sobre las mismas.

La reforma del libro tercero del Código Civil reduce de 60.000 a 30.000 euros el capital mínimo para poner en marcha una fundación, y hace compatible --con independencia del tamaño de la fundación-- el cargo de patrón con mantener una relación retribuida con la entidad y con el hecho de poder participar en la dirección de la misma.

La normativa también establece que el patronato de la fundación podrá utilizar una declaración responsable en lugar de un régimen de autorizaciones para ventas de patrimonio o gravamen de bienes y también para responder a conflictos de intereses.

Los grupos de izquierda han cargado contra la reforma al considerar que "facilita" que se produzca una gestión opaca de estas entidades, y han criticado que se lleve a cabo en un momento en que varias fundaciones están bajo sospecha o inmersas en procesos por presunta corrupción.

"Casos como el del Palacio de la Música o del Hospital de Sant Pau --que han afectado a las fundaciones-- ahora es un poco más fácil que se produzcan", ha advertido el diputado de ERC Pere Aragonès, que ha lamentado que la reforma conlleve menos seguridad, control y menos garantías jurídicas a las fundaciones.

Desde las filas de ICV-EUiA, Salvador Milà ha acusado a CiU y PP de impulsar un proyecto "excesivo, precipitado y políticamente incorrecto y sospechoso", y ha lamentado que se haya elevado al pleno esta reforma antes de terminar los trabajos sobre el libro del protectorado, dos proyectos que, a su juicio, debían ir de la mano.

La diputada del PSC Agnès Pardell ha señalado que la modificación de la ley supone "un retorno al pasado" y altera el modelo de fundaciones en Cataluña, y ha criticado que se compatibilice el cargo de patrono de una fundación --con independencia de su tamaño-- con cobrar un sueldo por llevar a cabo tareas profesionales en la entidad.

También C's ha votado en contra del proyecto de ley a pesar de que avaló su admisión a trámite en noviembre de 2011,un cambio que la diputada Carmen de Rivera ha achacado a la retirada de controles que consideran imprescindibles: "Si con una legislación como la anterior ha pasado lo que ha pasado, qué no puede pasar con la que se propone", ha advertido.

El portavoz de SI, Alfons López Tena, ha criticado también la reforma al considerar que facilita "convertir las fundaciones en pantallas, lavadoras y facilita los desvíos de capitales, y ha reprochado al Govern la falta de consenso con la que saca adelante la norma.

DEFENSA DE CIU y PP

La diputada de CiU Elena Ribera --relatora de la norma-- ha subrayado que el proyecto de ley afecta sobre todo a las fundaciones privadas, y ha defendido que con la nueva reforma se soluciona el ánimo "excesivamente intervencionista y sancionador" del anterior modelo.

La diputada del PP María José García Cuevas ha advertido de que "el ciudadano no puede sentirse continuamente bajo sospecha por una administración demasiado controladora y sancionadora", y ha sostenido que la reforma garantiza el control del uso de recursos público.