El presidente de la Comisión Europea pedirá el miércoles a Rajoy que aplique las recomendaciones de Bruselas

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, pedirá el próximo miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que aplique las recomendaciones económicas que Bruselas ha dirigido a España, entre ellas concluir la reforma de las pensiones antes de final de año, subir el IVA para algunos productos a los que se aplica el tipo reducido y eliminar deducciones en los impuestos sobre la renta y sociedades.

Rajoy viaja este miércoles a Bruselas acompañado de seis ministros del área económica: Luis de Guindos (Economía), Cristóbal Montoro (Hacienda y Administraciones Públicas), Fátima Báñez (Empleo), Miguel Arias Cañete (Agricultura), José Manuel Soria (Industria) y Ana Pastor (Fomento). También asistirá el secretario de Estado para la UE, Iñigo Méndez de Vigo, según han informado a Europa Press fuentes del Palacio de la Moncloa.

La visita comenzará con una reunión bilateral entre Rajoy y Barroso a las 11:30. A mediodía se celebrará un encuentro plenario de la Comisión con Rajoy y sus ministros seguido de un almuerzo de trabajo. Al término, sobre las 14:30 está prevista una rueda de prensa conjunta de Rajoy y Barroso. El presidente del Gobierno tiene previsto reunirse también con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.

La nueva senda para cumplir el déficit que ha fijado Bruselas ha venido acompañada por un calendario de reformas estará encima de la mesa de esta reunión. Así lo confirmó hace un par de días la portavoz del Ejecutivo comunitario, Pia Ahrenkilde, al asegurar que "por supuesto, es previsible que la cuestión de cómo garantizar la mejor aplicación de estas medidas esté entre los temas que se aborden en las discusiones".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró esta semana que el plan de reformas que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas --tras su aprobación el pasado 26 de abril-- ya incluye un calendario para llevar a cabo las reformas.

Sáenz de Santamaría indicó también que, a pesar del mayor margen de cumplimiento de los objetivos de déficit, el Gobierno va a continuar en la senda de consolidación fiscal porque no admite "relajación posible".

En sus recomendaciones de política económica publicadas el pasado 29 de mayo, el Ejecutivo comunitario ha pedido también a España, entre otras cosas, que suba los impuestos sobre los carburantes y equipare los de la gasolina y el gasóleo y que sopese proponer nuevos cambios en el mercado de trabajo de aquí a otoño si la evaluación de la reforma laboral del año pasado muestra que son necesarios. Bruselas pide al Gobierno de Mariano Rajoy que haga una revisión sistemática del gasto público y acelere la reforma de la administración local y del resto de administraciones públicas.

REFORZAR LA COOPERACIÓN

Ahrenkilde explicó hace unos días que este encuentro será "un momento clave para reforzar" la cooperación con el Gobierno español. A su entender, es "una oportunidad importante" para abordar juntos una serie de asuntos claves sobre la situación económica y política en Europa y España, como la lucha contra el paro juvenil, garantizar que las pymes puedan tener un mejor acceso a la financiación o la contribución que pueden hacer al crecimiento con las políticas de energía y comercio.

Rajoy ha declarado esta semana que está "satisfecho" de la actuación de la Comisión Europea "en los últimos tiempos" y espera que la reunión sirva para preparar el Consejo Europeo del 27 y 28 de junio, en el que España reclama acelerar la unión bancaria y tomar medidas para combatir el paro juvenil y facilitar el crédito a las pymes.

De cara a esta cumbre, el presidente del Gobierno ha propuesto que las bonificaciones para la contratación de jóvenes no computen como déficit. En el caso de España, ello podría suponer entre 2.500 y 3.000 millones de euros. También reclama acelerar la puesta en marcha del fondo de 6.000 millones contra el paro juvenil.

Por lo que se refiere a las pymes, Rajoy propone que el BEI triplique su financiación anual, de 10.000 a 30.000 millones de euros, que otorgue a la banca privada garantías de alta calidad sobre nuevos préstamos a pequeñas empresas y que desarrolle un programa de ayuda al comercio.