Confirmada la imputación de Rivera por "continuar" las prácticas "irregulares" de Guerrero y Márquez

En sendos autos conocidos este viernes y una vez se ha levantado el secreto de sumario, a los que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla rechaza los recursos presentados por el abogado de Rivera contra los autos en los que la juez Mercedes Alaya ordenada su imputación y la ampliación de esta imputación.

Así, y en un auto dictado el pasado 31 de enero, la Sala rechaza el recurso interpuesto por el abogado de Rivera y confirma la imputación decretada por la juez en enero de 2012, aseverando que "existen indicios suficientes para detectar la posible comisión de hechos delictivos".

A su juicio, estos hechos serían "reveladores, cuando menos, de una posible prevaricación acompañada de malversación, en la tramitación y ejecución de ayudas sociolaborales a empresas andaluzas con planes de prejubilación anticipada mediante pólizas de renta colectiva en la que incluían personas que no habían trabajado en las empresas afectadas por dichos expedientes, los que se han venido a denominar 'intrusos'".

En relación a Surcolor, dice que "consta" que, mediante una resolución adoptada el 1 de septiembre de 2010, el imputado "acordó" un pago de 167.528 euros "para 26 supuestos antiguos trabajadores de esa empresa, pese a que de dicho expediente se desprendía la ausencia de todo procedimiento, sin trámite alguno, y de que solamente eran 24 los trabajadores despedidos, de suerte que era evidente la falta de fundamento del pago a dos de los beneficiarios de las ayudas".

"Evidentemente, por lo que de continuidad con la forma de irregular actuación de predecesores en el cargo --Guerrero y Márquez, ambos imputados-- supone, aquella conducta era y es plenamente merecedora de su esclarecimiento", asevera la Sección Séptima, que también se refiere a la "supuesta" ayuda excepcional de 109.620 euros concedida por Rivera en septiembre de 2010 a la presidenta del consejo de administración de Acyco, Encarnación Poto, para el mantenimiento de 144 puestos de trabajo.

A su juicio, esta cantidad "pudo destinarse al pago de una minuta de honorarios de un bufete de abogados por igual importe a cuyo abono fue la empresa condenada judicialmente, al parecer ese mismo año", por lo que "dirigiéndose el procedimiento contra Poto en aquel mismo auto por tales hechos, se revela como razonable la decisión de la juez de extender la investigación judicial a la actuación de Rivera, acordando como director general el pago de esa supuesta ayuda".

En un segundo auto dictado el pasado 26 de abril, consultado por Europa Press, la Sala rechaza igualmente el recurso de Rivera contra el auto donde la juez ampliaba su imputación, pues del atestado elaborado por la Guardia Civil en torno al funcionamiento de la Dirección General de Trabajo de 28 de mayo de 2012 "se desprende que conocía desde el principio de las irregularidades derivadas de la aplicación del procedimiento específico, tanto en las ayudas directas como en las sociolaborales".

Pese a ello, "continuó empleando el procedimiento, acordando además con el Consorcio de Compensación de Seguros el 16 de noviembre de 2010 --cuando parece ser que sabía de la existencia de intrusos en determinadas pólizas de Fortia-- tras la quiebra de ésta, que se pagara la deuda de varias pólizas investigadas por la Dirección General de Trabajo 'comprometiendo el uso de fondos públicos para el pago de ayudas legítimas'".

"A mayor abundamiento, resultan indicios de que continuó con las prácticas irregulares de Guerrero y Márquez, sus predecesores, como en el caso de Surcolor", dice la juez Alaya, que agrega que todo ello "sugiere diligencias de comprobación con el Consorcio, de modo que la instrucción en esclarecimiento de tales nuevos hechos también podría beneficiarle".

Además, "desde otra perspectiva, la necesidad de la nueva imputación judicial se veía incrementada al no dar Rivera explicación alguna, visto que, dándole la Guardia Civil oportunidad de declarar como imputado, se acogió a su derecho a no declarar", finaliza la magistrada.

Hay que recordar que la juez impuso a Rivera una fianza de responsabilidad civil de 7.282.653,31 euros tras imputarle presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos.