El Congreso retoma el jueves el debate de las leyes anticorrupción que la Comisión Constitucional aprobará el día 14

El Congreso tiene previsto retomar este jueves, tras el paréntesis navideño, el debate en ponencia de las dos leyes anticorrupción que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó ante el Pleno el pasado 27 de noviembre, así como del nuevo Código Penal. La idea es que las dos primeras sean aprobadas por la Comisión Constitucional el día 14 y que el 15 quede 'vista para sentencia' la nueva legislación penal en la Comisión de Justicia.

Con el objetivo de acelerar la tramitación de estas tres normas y que sean remitidas al Senado a lo largo de este mes se ha facultado a las citadas comisiones a celebrar sesiones extraordinarias durante el mes de enero, que es inhábil a efectos parlamentarios.

Así las cosas el jueves se reunirán las dos ponencias de la Comisión Constitucional encargadas de estudiar, respectivamente, Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos y la que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. También hará lo propio en la misma jornada la ponencia de la Comisión de Justicia que tramita el nuevo Código Penal.

El debate de las enmiendas presentadas por los grupos a estas tres normas arrancó el pasado mes diciembre. En concreto, cada una de las tres ponencias celebró dos reuniones y la idea es que con las previstas para esta semana los respectivos informes queden aprobados, de forma que puedan discutirse en comisión la semana que viene.

No obstante, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias no se descarta que antes de pasar a la fase de comisión se convoque una nueva reunión de ponencia si se considera necesario, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias. De momento, ya hay programada para el viernes otra sesión de la que analiza las nuevas normas para la financiación de partidos.

EL ESTATUTO DE ALTO CARGO, DIRECTAMENTE AL SENADO

Tanto el Código Penal como la Ley de control de actividad financiera de los Partidos Políticos tienen carácter orgánico, lo que obliga a que sean debatidas en el Pleno del Congreso antes de su remisión al Senado. Esa nueva discusión en el hemiciclo tendrá lugar durante el Pleno extraordinario que la Cámara Baja tiene previsto convocar en la semana del 20 de enero.

Por contra, la ley que regula el ejercicio del alto cargo no es orgánica con lo que, una vez que sea aprobada por la Comisión Constitucional, será directamente enviada a la Cámara Alta para continuar allí su tramitación.

El PP y los principales grupos de la oposición han ido tejiendo principios de acuerdo en torno a determinados aspectos de la ley orgánica que regulará la actividad económica y financiera de los partidos políticos, como el aumento de las sanciones por financiación ilegal, mayores plazos de prescripción, la definición de las conductas reprochables y la transparencia de las donaciones privadas.

Uno de los puntos que regula la ley es la suspensión de militancia a aquellas personas implicadas en casos de corrupción y la expulsión de los condenados, y la ponencia ha acercado posturas para definir qué conductas deben considerarse reprochables y merecedoras de esas sanciones.

Además, hay consenso para aumentar las sanciones en casos de financiación ilegal y para dificultad la prescripción en función de la gravedad de la falta que se imputa (dos años para casos leves, tres para graves y cinco para muy graves). En materia de transparencia, si Rajoy anunció que se publicarán todos los donativos de más de 25.000 euros, ahora los partidos están dispuestos a rebajar esa cuantía mínima hasta incluso los 10.000 euros.

Sin embargo, todavía tiene pendiente analizar las enmiendas relativas a los gastos electorales, la financiación pública de los partidos, las fundaciones vinculadas a los mismos y la reforma de la Ley del Tribunal de Cuentas.

Los dos grupos mayoritarios ven con buenos ojos la marcha de los trabajos, aunque los socialistas, al igual que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD han expresado su preocupación por el hecho de hay una serie de figuras que no están encajando en la ley de financiación de los partidos ni en la que regula el estatuto del cargo público.

NI INDULTOS, NI AFORAMIENTOS, NI LOBBIES

Se trataría, por ejemplo, de la nueva regulación sobre indultos o de los aforamientos, que tampoco tienen cabida en el nuevo Código Penal y que a estos partidos les gustaría que fueran retocadas antes de que finalice esta legislatura.

Eso sí, sobre los indultos el PP se ha limitado a plantear una enmienda al Código Penal para obligar a algún representante del Ministerio de Justicia a informar cada seis meses al Congreso sobre la aplicación de la medida de gracia.

Y sobre los aforamientos, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, sólo ha apuntado la posibilidad de que los cambios sobre aforados puedan concretarse en la futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya tramitación no está garantizada dado que quedan escasos meses útiles para aprobara en las Cortes.

Igualmente, los 'populares' han adelantado su rechazo a la demanda de que los altos cargos de la administración general tengan que hacer públicas en sus agendas las reuniones que mantienen con representantes de grupos de presión o 'lobbies', como han planteado Izquierda Plural y UPyD. De momento, el PP sólo ha ofrecido crear un registro pero limitado al Congreso, no a otras instituciones.

Y también han dejado claro que no piensan modificar su propuesta de que los altos cargos tengan que ser cesados si se abre juicio oral contra ellos y que, por tanto, dirán no a la demanda de que el cese se produzca en cuanto sean imputados que han puesto sobre IU-ICV y la formación magenta.

También continuará el jueves el debate de las casi 800 enmiendas planteadas al Código Penal. Desde los grupos de la oposición se ha criticado la celeridad con la que el PP está tramitando un texto de tal magnitud y relevancia y en el que hay escaso consenso en medidas innovadoras que se introducirán en el ordenamiento jurídico español. Entre ellas, la prisión permanente revisable o la regulación de la libertad vigilada.