El Congreso apuesta por la autorregulación de los medios para evitar entrevistas pagadas a condenados

La iniciativa original partió de Coalición Canaria, cuya diputada, Ana Oramas, abogaba por cambiar la Ley General Audiovisual para prohibir a las televisiones que paguen entrevistas a condenados con indemnizaciones pendientes, un veto que quería extender también a sus familiares y a los imputados.

Como ejemplo citaba los 350.000 euros que podría haber cobrado Julián Muñoz, exalcalde de Marbella y todavía con cuentas pendientes con la Justicia; los 50.000 euros de Luis Roldán, exdirector de la Guardia Civil que fue condenado por malversación; y los casi 10.000 euros que supuestamente se abonaron a Rosalía García, la madre de 'El Cuco', el menor procesado por la muerte de Marta del Castillo.

"PRACTICA DESPRECIABLE"

Según Ana Oramas, los poderes públicos no pueden permanecer "impasibles" ante este tipo de entrevistas que vienen a "subrayar la perversión de valores que supone que un crimen genere beneficios a su autor o a sus familiares por ir a una televisión a hablar de ello". "El Congreso debe poner fin a esta práctica despreciable", ha dicho en la Comisión de Justicia.

Apelando a que esos medios "prestan el servicio público de televisión sobre la base de concesiones públicas realizadas por el Estado", abogaba por introducir cambios legales para prohibir esas entrevistas.

Sin embargo, en vez de la prohibición por ley, el PP prefiere apostar por la autorregulación de los medios de comunicación. Según el diputado Juan Carlos Lagares, "cambiar la ley para evitar estas situaciones podría introducir mecanismos de control contrarios a la libertad de expresión o a la presunción de inocencia".

Ana Oramas aceptó la enmienda de PP porque, aun cuando sigue pensando que hay resquicios legales para imponer la prohibición, prefiere la rebaja del contenido a que su iniciativa fuera rechazada de plano. "Es un primer paso, pero importante frente a hechos deleznables", le ha asegurado el diputado del PP.

En el acuerdo participó también CiU, cuya portavoz, Montserrat Surroca, reconoce que este tipo de entrevistas son "moralmente inaceptables" aunque también expresa dudas sobre la posibilidad de acometer reformas legales.

NI CONDENADOS NI SUS FAMILIARES

En el texto pactado, recogido por Europa Press, se rechaza que "los medios de comunicación concesionarios del servicio público de radiotelevisión realicen cualquier tipo de pago o prestación directa, o a través de terceros, a personas que, habiendo sido condenadas por la Justicia, tengan pendientes las restituciones, indemnizaciones o multas que les fueran impuestas, así como a sus familiares y alegados".

En segundo lugar, el Congreso "insta a los medios de comunicación concesionarios del servicio público de radiotelevisión para que acuerden los mecanismos de autorregulación que sean precisos para evitar acciones como las descritas".

El PSOE optó por abstenerse al considerar que la enmienda ha desvirtuado el texto inicial de Coalición Canaria hasta convertirse en "una simple declaración" con la que los socialistas están de acuerdo pero que, según la diputada Elvira Ramón, no avanza en lo que ya contempla la legislación.

También Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), a través de su diputado Gaspar Llamazares, lamentó que el texto final haya edulcorado la iniciativa original de los nacionalistas canarios, que estaba dispuestos a apoyar.