El Constitucional condena a la Mesa de las Corts por la negativa a tramitar tres iniciativas de Compromís

Según ha informado el partido en un comunicado, una de ellas reclamaba la inmatriculación de los bienes públicos no registrados antes de que lo hiciera la Iglesia, otra proponía la retirada de títulos honoríficos a Sor Aurora y la Casa Cuna Santa Isabel y una tercera, pedía la presentación de las Corts como acusación particular en el Caso Cooperación.

Según ha explicado Oltra, "esta es la séptima sentencia del Tribunal Constitucional contra la Mesa de Les Corts por vulnerar los derechos fundamentales de los diputados de Compromís por no tramitar iniciativas parlamentarias sin justificación" y "como en las anteriores considera que las proposiciones no de ley vetadas por la Mesa cumplen todos los requisitos que el Reglamento de Les Corts establece y, por tanto, no está justificada la no admisión".

El Tribunal señala que el control de la Mesa no puede ser un control de oportunidad política, sino un control meramente formal de la iniciativa. "Estamos nuevamente ante un juicio de oportunidad política, que en esta ocasión no realizó el PP en solitario, ya que los representantes del grupo socialista en la Mesa también votaron, inexplicablemente, a favor de vetarnos estas iniciativas", ha agregado Oltra.

Con esta sentencia, el TC obliga a la Mesa de las Corts a retrotraerse de su veto a estas tres proposiciones no de ley y resolver de nuevo sobre su admisión a trámite.

Se trata de tres iniciativas parlamentarias presentadas por el grupo Compromís en marzo del año 2012. En la primera de ellas la coalición instaba a la retirada del reconocimiento y el Premio de la Mujer Trabajadora de las Corts a Sor Aurora Gallego por los comportamientos de esta religiosa denunciados por las personas afectadas por robos de niños.

Asimismo, la proposición instaba al Gobierno Valenciano a retirar a la Casa Cuna Santa Isabel el reconocimiento y Premio Valenciano a la Solidaridad y el Voluntariado por actuar en contra del principio inspirador de dicho reconocimiento en el escándalo de las adopciones irregulares.

Con la segunda iniciativa planteaba medidas para combatir la problemática de las inmatriculaciones que realiza la Iglesia Católica e instaba al Consell a reclamar al Ministerio de Justicia una lista de las inmatriculaciones de bienes inmuebles efectuadas por el Arzobispado de Valencia desde 1998.

También instaba al Consell para que la Dirección General de Patrimonio realizara las gestiones adecuadas para inmatricular todos los bienes públicos sin registrar y los pusiera a nombre de la Generalitat, previa consulta al ayuntamiento pertinente.

Con la tercera de las iniciativas Compromís pedía que las Corts se presentara como acusación particular en el Caso Cooperación como parte afectada, ya que el Parlamento valenciano dio 40.000 euros para un programa de reconstrucción de Haití que la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía dirigida por Rafael Blasco adjudicó a la trama de la Fundación Hemisferio.