EE.UU. elogia la "mejora" en derechos humanos y alerta de nuevos grupos ilegales en Colombia

Así lo indicó un informe sobre la situación de derechos humanos en el mundo en 2008, entregado hoy al Congreso de EE.UU. por el Departamento de Estado en cumplimiento con una ley federal de 1961.

El análisis sobre Colombia, que abarca 15 páginas, indica que si bien las autoridades civiles "en general mantuvieron un control eficaz de las fuerzas de seguridad, hubo instancias en que elementos de las fuerzas de seguridad violaron la política estatal".

La divulgación del documento coincidió con una ofensiva política y diplomática que emprendieron funcionarios colombianos en EE.UU. esta semana, la primera frente a la administración de Barack Obama, para destacar las mejoras en la seguridad ciudadana en Colombia y para recabar más apoyo político hacia el país andino.

Pero el informe enfatiza los numerosos actos de violencia cometidos tanto por la guerrilla izquierdista como por los paramilitares que jamás se desmovilizaron y por nuevos grupos armados ilegales.

El respeto a los derechos humanos continuó mejorando en Colombia, y pruebo de ello fue el "progreso" en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, promulgada por el presidente Álvaro Uribe en julio de 2005 para agilizar el proceso de paz y la reinserción civil de los grupos armados ilegales, dijo.

Sin embargo, destacó el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales, que consisten en paramilitares desmovilizados que han regresado al sendero de la violencia, "paras" que jamás se desmovilizaron, delincuentes comunes y narcotraficantes.

El informe señaló que esos nuevos actores del conflicto colombiano, que lleva 44 años, carecieron en 2008 de la organización, alcance y capacidad militar de los ex combatientes de la derechista Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y se dedicaron principalmente al narcotráfico y la extorsión, en vez de combatir a la guerrilla.

"En esas circunstancias, muchas veces fue difícil determinar la responsabilidad por los abusos cometidos", indicó el Departamento de Estado.

Aunque la desmovilización de miembros de las AUC supuso una reducción en los asesinatos y abusos de los derechos humanos, los paramilitares y nuevos grupos ilegales "continuaron cometieron numerosos actos ilegales".

Esos actos incluyeron asesinatos políticos, secuestros, desplazamiento forzoso, intimidación de las autoridades judiciales, el reclutamiento de niños combatientes, y la violencia contra activistas de derechos humanos, periodistas, maestros y líderes gremiales.

El informe también responsabiliza de esos mismos actos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Así ambos grupos también han provocado un desplazamiento forzoso "masivo"; han sobornado e intimidado a jueces, fiscales y testigos; han violado la vida privada de los ciudadanos; han restringido la libertad de movimiento y han reclutado a niños soldados.

El informe agrega a esa lista los ataques contra activistas de derechos humanos, y el acoso, intimidación y asesinatos de maestros y líderes sindicalistas.

El informe, que cita estadísticas del Gobierno colombiano, señaló que en 2008 el número de homicidios bajó un 6,2 por ciento y el de secuestros un 14,3 por ciento respecto al mismo período en 2007.

El informe destacó que la Ley de Justicia y Paz ayudó a "esclarecer" más de 20.000 delitos, mientras que las investigaciones judiciales sobre los nexos entre líderes políticos y "paras" lograron implicar a 70 legisladores, 15 gobernadores y 31 alcaldes, "muchos de los cuales se encontraban en prisión para finales del año", indicó.