Entra en vigor un registro que centraliza las órdenes de búsqueda y peligrosidad

El registro, que evitaría casos como el de la niña onubense Mari Luz Cortés, presuntamente asesinada por un hombre que tenía que estar en prisión, ha sido presentado hoy en Sevilla por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

El nuevo registro tendrá un acceso compartido con el actual registro central para la protección de las víctimas de violencia doméstica, y ofrece información sobre la existencia de órdenes en vigor de busca y captura, o de detención y puesta a disposición, que permitan al juez valorar el riesgo de fuga en la resolución que adopte.

Esta nueva herramienta no está concebida como registro específico de agresores sexuales, pero su puesta en funcionamiento contribuirá a prevenir la especial reincidencia que se produce en este tipo de delitos, han afirmado técnicos del Ministerio.

Una de sus principales novedades es que reflejará la condición de menor de edad de las víctimas, lo que proporcionará a los juzgados, los tribunales y a la policía judicial nuevos elementos de conocimiento que permitan una protección más eficaz de los menores.

Este nuevo registro tendrá "fallos" y requerirá "ajustes" porque es algo nuevo, según el ministro, que ha lamentado las críticas que ha recibido incluso antes de entrar en funcionamiento, por lo que ha pedido "rigor" a los que se refieran a este nuevo instrumento.

Para ponerlo en marcha, ha sido necesario unificar todos los registros españoles, algunos de los cuales eran del siglo XIX, según Bermejo, quien ha señalado que el nuevo registro es para "los operadores judiciales" y también servirá para tomar decisiones judiciales relacionadas con las fronteras.

Así, facilitará la labor de órganos judiciales, del ministerio fiscal, la policía judicial y de determinadas unidades del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, que podrán acceder a las penas y medidas de seguridad, las medidas cautelares o los autos de rebeldía.

También afecta a requisitorias y sentencias no firmes dictadas por cualquier tribunal en cualquier procedimiento penal desde el momento en que sean comunicadas al registro.

El registro incorpora un sistema de alertas y avisos, facilita la gestión desde un único punto, permite efectuar consultas globales e interrelaciona los distintos registros que se vayan incorporando al sistema unificado.

Además de este registro, el ministro ha firmado con la consejera de Justicia de Andalucía, Evangelina Naranjo, un convenio para aplicar en los órganos judiciales andaluces el programa Lexnet, que ya funciona en otras comunidades españolas y que ha permitido hacer casi dos millones de notificaciones en 2008 y prevé alcanzar cuatro millones en 2009.

Lexnet es "una autopista segura de comunicación", ha subrayado Bermejo para destacar la puesta en marcha de sistemas tecnológicos modernos en la administración de la Justicia.

Este sistema, que se empleó para el juicio por los atentados del 11-M, se prevé que esté implantado en todo el país este año, y con él a pleno funcionamiento se evitaría imprimir 325 millones de hojas al año, para lo que se requieren 9.000 árboles.