FEMP reitera sus dudas sobre el coste estándar que el Gobierno quiere imponer a los servicios locales y pide negociar

De la Serna ha participado en la I Conferencia del Sector Público organizada por el IESE, en la que ha defendido el papel de los ayuntamientos y su gestión. El déficit público local es el 2% del total español, "el 2 por ciento del total del problema", ha dicho. En cuanto a la deuda pública, la de todas las entidades locales asciende al 4,68 por ciento de la del conjunto del país. "El problema no reside en los ayuntamientos", ha resumido.

El alcalde de Santander se ha referido a la reforma local que prepara el Gobierno y ha puesto el acento en uno de los aspectos "más controvertidos", el cálculo de un coste estándar para cada servicio municipal: los municipios que preseten ese servicio con un coste mayor deberán ceder la competencia a otra administración superior, o la diputación o la comunidad.

"La FEMP tiene el objetivo de debatir el establecimiento de este coste estándar porque es un parámetro que no existe en ningún otro país y que plantea ciertas incertidumbres sobre cómo tiene que aplicarse", ha subrayado De la Serna, que también ha expresado sus dudas sobre cómo se calculará.

"La Federación quiere tener un papel activo en el diseño de ese coste, cuya aplicación va a ser compleja. Y que tengamos un plazo para adaptarnos, porque va a ser un proceso complicado", ha reclamado.

Iñigo de la Serna ha insistido en que los ayuntamientos reclaman además una distribución de la recaudación tributaria más justa. Según ha dicho, de cada cien euros que se recaudan en una ciudad, seis van a las arcas municipales. "Es decir, el esfuerzo que se hace por generar economía tiene un destino distinto", ha dicho. En este sentido, ha asegurado que la FEMP confía en la reforma que desde el Ministerio de Hacienda se anuncia para el año 2014 de la financiación autonómica y local.

La reforma de la administración local es por el momento un borrador que estudia el Consejo de Estado y que el Gobierno tiene previsto aprobar en el mes de julio para su remisión a las Cortes, con el objetivo final de que esté aprobada antes de fin de año.