Fiscal acusa a dos jueces de la Audiencia Nacional de "volcar su ideología" para absolver a los asaltantes del Parlament

El fiscal del Tribunal Supremo Salvador Diada ha solicitado este miércoles la anulación de la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió a 19 de los 20 acusados de asediar el Parlamento catalán el 25 de junio de 2011 y ha precisado que la resolución, de la que fue ponente el juez Ramón Sáez Valcárcel, adolece de una "politización extrema".

En opinión del representante del Ministerio Público, Sáez Valcarcel y su compañera Manuela Fernández Prado volcaron en la resolución "su ideología" en lugar de "aplicar la ley". Los dos magistrados consideraron que los acusados "ejercieron el derecho fundamental de manifestación, sin que pudiera imputárseles acto alguno que pudiera significar un exceso o abuso".

Los dos jueces de la Audiencia Nacional consideraron que la libertad de expresión y el derecho de manifestación y de reunión "gozan de una posición preferente en el orden constitucional" y por ello, deben ser objeto de "una especial protección". La resolución, en la que sólo uno de los acusados fue condenado por una falta de daños, contó con el voto particular del presidente de Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska.

El fiscal Diada ha alabado, durante la vista celebrada en el Tribunal Supremo para estudiar los recursos presentados contra la decisión, la actuación sus compañeros fiscales en el procedimiento, en el que solicitaban cinco años y medio de cárcel, así como una multa de 7.500 euros por la comisión de delitos contra las altas instituciones del Estado, atentado y asociación ilícita.

Los hechos se remontan al 15 de junio de 2011, cuando una concentración convocada por el 15M ante el Parlament bajo el lema 'Paremos el Parlamento. No dejaremos que aprueben recortes' derivó en situaciones de asedio a más de una decena de parlamentarios, entre ellos el presidente catalán Artur Mas, al que se le impidió el paso cuando viajaba en su vehículo oficial, que fue golpeado y zarandeado. Al final tuvo que acceder a la cámara en helicóptero junto con otros diputados.

"NO NOS GUSTA LA SENTENCIA"

Diada, que ha asegurado de forma rotunda que la sentencia "no gusta" al Ministerio Público ha precisado que no se puede conceder "una potencia tal al derecho de manifestación" y que la acción, destinada a "parar" la actividad del Parlament, fue muy "grave", hasta el punto que "dio la vuelta al mundo".

"Son conductas a las que hay que poner límite", ha puesto de manifiesto y ha solicitado que se repita el juicio argumentando, entre otros motivos, que la declaración de los diputados atacados a través de videoconferencia durante la vista oral les provocó "indefensión".

El fiscal ha destacado la "lucha" de la Fiscalía a favor de la independencia del Parlamento de Cataluña y ha precisado que ha habido "muchos fiscales" que han estado peleando por restituir en sus derechos a los parlamentarios catalanes.

Así, ha reprochado críticas vertidas desde Cataluña contra la institución. "Hemos escuchado cosas muy duras" --ha dicho-- en alusión a "la polémica suscitada en los últimos meses" por la actuación fiscal tras la consulta sobre la independencia. "Este fiscal es tan catalán como los que están en el Parlamento", ha agregado.

Por su parte, los representantes del Parlament y la Generalitat, que también recurrieron la sentencia, han defendido la necesidad de imponer a los acusados penas de prisión por su acción, aunque se han opuesto a la celebración de un nuevo juicio.

El abogado de la cámara parlamentaria ha respondido a las críticas de Diada y ha asegurado: "el Parlament nunca va a desmerecer al Ministerio Fiscal, entendemos que siempre ha luchado por la legalidad".

Por su parte, los cuatro letrados que defienden a los acusados se han opuesto a los argumentos de las tres acusaciones y han destacado que sus clientes no fueron sólo absueltos en aplicación del derecho de manifestación sino a consecuencia del "escaso" acervo probatorio en su contra. Además, han puesto en duda la legalidad del reconocimiento fotográfico que se realizó sin la presencia de los abogados.