El Fiscal del TSJPV cree que la decisión sobre Sortu "se corresponde con el nuevo tiempo" y su rechazo a la violencia

El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, considera que la decisión del Tribunal Constitucional de legalizar Sortu es "garantista del derecho participación política", y "se corresponde con el nuevo tiempo" y los estatutos de la nueva formación abertzale que rechazan "expresamente la actividad violenta".

En declaraciones a los medios de comunicación durante el seminario que se celebra en Bilbao sobre "El derecho penal ante el fin de ETA", organizado por la Fundación Sabino Arana, Calparsoro ha manifestado que, "de cara al fin de ETA", la Justicia "debe juzgar los delitos cometidos" incluso por personas que han abandonado la actividad terrorista.

El máximo representante de la Fiscalía vasca ha considerado que la resolución del TC sobre Sortu "es algo que se corresponde con el nuevo tiempo y con los estatutos de Sortu, de rechazo expreso de la actividad violenta".

"Me parece que hace una interpretación de la Ley de Partidos y de la Constitución, y es una sentencia garantista del derecho de participación política", ha añadido.

Sobre el hecho de que el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, haya advertido de que el Ministerio público estará "extraordinariamente vigilante" para que Sortu cumpla con el cuadro de exigencias que recoge la sentencia del Tribunal Constitucional para su legalización, ha indicado que él no ha recibido ninguna indicación al respecto.

En este sentido, ha precisado que "la competencia para promover la ilegalizacón de un partido es de la Fiscalía del Tribunal Supremo". "Nosotros, desde la Fiscalía vasca no tenemos competencia para ello", ha manifestado.

ETA

En cuanto al fin de ETA, ha señalado que "la Justicia debe juzgar los delitos cometidos". "Es un derecho de las víctimas. Aunque se trate de delitos cometidos por personas que hayan abandonado la actividad terrorista, deben ser juzgados. No podemos dejar de aplicar la Ley", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que "las penas tienen que cumplirse" y el régimen de cumplimiento "se adaptará a la situación individual de cada penado, y a la situación social y al contexto en los que deben ser cumplidos estas condenas".

"Son medidas generales. Por tanto, en el ámbito judicial, de la Justicia, nuestra labor será, claramente, el cumplimiento de la legalidad, sujetos al principio de la legalidad, y adaptándola a la realidad actual", ha añadido.