Fiscal espera una "sentencia ejemplar" y dice que no se pueden repetir estos comportamientos

El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero ha lanzado un "mensaje nítido a la sociedad" y ha asegurado este lunes en su informe final del juicio del caso 'Malaya', contra la presunta corrupción en Marbella (Málaga), que "no podemos permitir que se repitan" los comportamientos investigados en esta causa, por lo que ha dicho que espera "una sentencia ejemplar". Además, ha dicho que este caso no es lamentablemente "un punto y final" de la corrupción.

El fiscal ha considerado que la importancia de esta operación radica "en que se está combatiendo un aspecto de la corrupción muy importante", como es el del "enriquecimiento ilícito, y en algún caso en concreto espectacular, de personas vinculadas con la administración pública y que han hecho del ejercicio de esta actividad pública el modo de enriquecerse ilicítamente a costa de un soborno reiterado en el tiempo mediante pagos de empresario con intereses urbanísticos en Marbella".

En su intervención explicando los argumentos para mantener la acusación contra 86 procesados, el representante del ministerio público ha lamentado que esta operación "no supone un punto y final a la corrupción en Marbella, es simplemente un punto y seguido", al apuntar que "15 años de arbitrariedad y corrupción dan para mucho", aludiendo a otros procedimientos penales que aún están en marcha y a los procesos de fiscalización a los que fue sometida la localidad.

El fiscal ha analizado los puntos de su escrito de acusación y se ha referido al patrimonio del presunto cerebro de la trama de corrupción, asegurando que "el perfil objetivo del señor Roca no es el de un señor multimillonario cuando llega a la corporación municipal", al considerar que "no tiene sentido que una persona de este nivel económico de miles y miles de millones de pesetas se ponga a trabajar por cuenta ajena en una sociedad municipal" ni que cobrara el desempleo, cuestionando la pericial que cifra en 15 millones de euros su patrimonio en 1992.

López Caballero ha asegurado que desde la vinculación de Roca al Ayuntamiento, a través de sociedades municipales, hasta su detención siempre "ha estado relacionado con actividades delictivas", obteniendo fuentes de financiación, al margen de sus ingresos lícitos, que ha aplicado a la adquisición de este patrimonio y que mantenía ocultas, "de forma deliberada".

Ha mantenido que existió una organización supuestamente dedicada a "ocultar" ese patrimonio de Roca y su vinculación con sociedades, aludiendo a los miembros del despacho de abogados madrileño Sánchez Zubizarreta y a otros supuestos testaferros, acusados de blanqueo. Ha considerado que son personas que tienen una formación y "conocen que el dueño de ese patrimonio es el señor Roca".

Además, ha manifestado que son personas que saben "que se está utilizando una capacidad de inversión muy importante y se está diversificando en distintos sectores por una persona que está trabajando por cuenta ajena como empleado de una sociedad municipal" y que debieron preguntarse algo "elemental" como es "de dónde obtiene este señor el dinero".

ARCHIVOS MARAS Y EL URBANISMO

Ha considerado "fundamentales" los archivos intervenidos en la sociedad Maras Asesores, vinculada a Roca, que recogen supuestos pagos de empresarios y cobros por parte de exediles. Ha dicho que "seguramente no será una contabilidad de las que se enseñan en las escuelas de economía", pero ha incidido en que se ha conciliado lo que se ha podido con otras fuentes, por lo que "son reales las anotaciones". Ha recordado que Roca no ha negado su verosimilitud.

Respecto al urbanismo, ha vuelto a incidir en el "urbanismo a la carta" y en las negociaciones con empresarios en relación con la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Así, ha indicado que la forma de hacerse esta revisión provocó que promotores acudieran "raudos" y que ha quedado acreditado que Roca era "el principal factotum" y figura "omnipresente" en el proceso. Su posición, ha dicho, "va más allá" luego, llegando a aparecer como "un apagafuegos en el Ayuntamiento".

Para el fiscal, había "una estrategia jurídica perfectamente diseñada donde se contaba con la respuesta tardía de la justicia" y una "clara convicción de política de hechos consumados". Además, ha indicado que la persona que "dominaba" esa revisión del planeamiento aprovechó la situación para obtener "un lucro desmesurado" y que hay "un perfil del pagador", ya que son "promotores con intereses urbanísticos vivos en Marbella".

Ha apuntado que para ello tuvo que "contar con la voluntad de los concejales" y ha dicho que los presuntos pagos a exediles no responden a lo que Roca dijo de mantener la unión del equipo de Gobierno, "sino a la necesidad que tiene de cumplir con los compromisos adquiridos respecto a determinados promotores con intereses urbanísticos vivos" y darles una salida, por lo que "no se podía bajo ningún concepto revisar las licencias".

Ha destacado que "quien más se va a beneficiar" del supuesto reparto de dinero presuntamente pagado por los empresarios "es el señor Roca" y no los exediles, que permanecen, según ha manifestado, "ajenos" a las decisiones urbanísticas. También se ha referido a la adquisición por parte de Roca de obras de arte, que se venden "sin factura" en algunos casos, lo que le lleva a hablar de "connivencia" de los marchantes acusados y a que éstos participaban "de la ocultación".

CONCLUSIONES DE LAS DEFENSAS

Por su parte, la mayoría de las defensas han elevado a definitivas sus conclusiones iniciales, oponiéndose a las acusaciones formuladas. La defensa de Roca sí ha introducido modificaciones en su primer escrito, aunque ha mostrado su disconformidad con las conclusiones y los delitos por los que acusa el ministerio fiscal y el resto de acusaciones, incorporando subsidiariamente y solo para determinados convenios el artículo 426 del Código Penal, sobre el cohecho.

Subsidiariamente, si es condenado, ha considerado que se debe aplicar respecto a todos los hechos la atenuante análoga de confesión y la análoga de comportamiento postdelictivo positivo. Además, ha hecho una petición análoga por el desarrollo del proceso, en relación con las causas de nulidad alegadas y en el caso en el que no se estimen, por "una instrucción del todo irregular, por cumplimiento anticipado de la pena y por juicio paralelo".

La letrada de Roca, Rocío Amigo, ha reiterado la petición de nulidad del procedimiento, por investigaciones hechas supuestamente antes de que se incoara la causa; así como de las intervenciones telefónicas y de algunos registros, como el de la sede de Maras Asesores, cuyos archivos intervenidos también ha impugnado.

También ha aludido a nulidades producidas durante el juicio, como la de determinadas pruebas periciales practicadas y ha alegado indefensión por acusaciones sorpresivas y por la subdivisión en bloques, que junto con la retransmisión de las sesiones del juicio, "ha permitido a los agentes un mal uso de esa información".

El fiscal ha defendido de nuevo la investigación, como ya hizo cuando los letrados presentaron sus cuestiones previas al inicio de la vista oral, el 27 de septiembre de 2010. Así, ha rechazado tajantemente la existencia de investigaciones en el verano de 2005, previas al inicio del procedimiento y ha asegurado que los documentos incautados estuvieron en la caja fuerte del juzgado, por lo que se cumplió con la cadena de custodia.