La Fiscalía de la Audiencia Nacional recuerda que los contactos con ETA no son delito, según el Supremo

Manos Limpias, sin representación en ningún centro de trabajo y dirigida por el exresponsable de Fuerza Nueva Miguel Bernard, se querelló el pasado 30 de marzo contra el exministro y exfiscal general del Estado Javier Moscoso, el vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez y el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, por los delitos de colaboración con banda armada y encubrimiento.

El Ministerio Público, en el escrito en el que solicita al juez Ismael Moreno que desestime la querella, asegura que "el Tribunal Supremo ha reiterado una y otra vez la naturaleza no delictiva de tales conversaciones y contactos" y rechaza que se pretenda "criminalizar ámbitos de actuación estrictamente política".

"Resulta obvio que tales conversaciones no sólo no pueden conceptuarse en ningún caso como actos materiales de apoyo a acciones específicas de carácter terrorista o a la actividad criminal de naturaleza terrorista, sino que tampoco puede entenderse que expresen siquiera alguna forma de apoyo o solidaridad moral con el terrorismo, sus acciones o sus autores", dice el fiscal.

La Fiscalía añade además que, en el caso de los contactos mantenidos con ETA en 2006, se contó "por partida doble con el aval parlamentario", ya que el Congreso aprobó en mayo de 2005 una resolución que autorizaba al Gobierno a entablar el diálogo con la banda que fue avalada en octubre de 2006 por el Parlamento europeo.

Sobre las informaciones de prensa en las que se basó la querella, el fiscal dice que se trata de "una supuestas manifestaciones realizadas por los denunciados, que aparecen publicadas en algunos medios de comunicación citando como fuentes unas supuestas actas de negociación (...) que supuestamente fueron encontradas entre los documentos incautados" al exdirigente etarra Javier López Peña.