Fiscalía denuncia al exalcalde de Cijuela (Granada) y a dos funcionarios por posible prevaricación

La decisión del Ministerio Público se ha producido a raíz de la denuncia que presentó un vecino el 16 de enero informando de que el Ayuntamiento había concedido a una empresa el 22 de diciembre de 2003 licencia de obras para la construcción de una nave y el 26 de octubre de 2004 licencia para el cercado de la instalación con placas y pilares de acero, pese a los informes contrarios de la Consejería de Medio Ambiente, que instaron la paralización, y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que apreció la nulidad de esas resoluciones por incremento en el aprovechamiento del suelo y la ocupación de espacios públicos con alteración del uso concedido al terreno en cuestión.

La Fiscalía, según consta en el decreto del decreto de denuncia, al que ha tenido acceso Europa Press, incoó diligencias el 13 de febrero de este año, y pidió a la Guardia Civil que informara al respecto y también que la Consejería de Medio Ambiente se pronunciase.

La Consejería concluyó que las licencias para la construcción de una nave y para su cercado con placas y pilares de acero incumplían lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) pues se autorizaron sin existir aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la unidad ejecución; e incumplían igualmente la revisión de las normas subsidiarias de Cijuela y la legislación sectorial de carreteras, puesto que en la parcela se contemplaba la ejecución de un vial público que no se ha ejecutado.

Según sostiene el Ministerio Público, el uso global previsto para esta parcela era el de residencial, incluyendo la posibilidad como uso compatible de poder ubicar talleres artesanos en la planta baja, sin embargo "no se ha respetado el uso del suelo" y el lugar de residencial se ha usado como industrial en su totalidad.

Según se aclara en la denuncia, el arquitecto técnico emitió informe favorable sin dejar constancia de las irregularidades urbanísticas, y la secretaria no emitió informe jurídico sobre esas licencias incumpliendo así con su obligación de hacerlo y no manifestó, estando presente en las juntas de gobierno local, que no se ajustaran a la legalidad urbanística. En el momento de la concesión era alcalde del Ayuntamiento Cijuela José Francisco Rueda, que fue requerido hasta en tres ocasiones por la Consejería de Medio Ambiente para que paralizara las obras y procediera al restablecimiento de la legalidad urbanística.

Por ello, la Fiscalía acuerda formular denuncia contra los tres y considera que los hechos, "sin perjuicio de ulterior calificación", pueden constituir un delito de prevaricación urbanística continuada y otro delito de prevaricación ordinaria cometida por omisión.