Forcadell y Turull comparecen ante el Tribunal Supremo para pedir su libertad tras ser procesados por rebelión

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell y el exconsejero catalán de Presidencia Jordi Turull comparecen este miércoles desde las 11.40 horas, aproximadamente, ante tres magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para solicitar su puesta en libertad, después de que el juez instructor del denominado 'procés', Pablo Llarena, acordase su ingreso en prisión el pasado 23 de marzo tras procesarle por el delito de rebelión.

Turull, procesado por rebelión y malversación de fondos públicos, y Forcadell, imputada por el delito de rebelión, han sido trasladados esta mañana desde las prisiones de Estremera y Alcalá-Meco hasta los calabozos de la Audiencia Nacional, hasta que han sido llevados al alto tribunal para poder comenzar la vista, que se celebra a puerta cerrada.

Los magistrados del Tribunal Supremo Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge también revisarán este miércoles las prisiones de los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, aunque éstos no han acudido a la sede judicial. También están acusados por rebelión y malversación.

Llarena citó a los cinco investigados ese 23 de marzo coincidiendo con la notificación del auto de procesamiento que afecta a un total de 25 exmandatarios catalanes, entre los que se enuentran el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsejeros de dicho Ejecutivo y los exmiembros de la Mesa del Parlament, además de los líderes sociales de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart y la exdiputada de las CUP Anna Gabriel. Ese día también estaba citada la exsecretaria general de ERC Marta Rovira, si bien plantó al juez y huyó a Suiza.

EN PRISIÓN A PETICIÓN DE LAS ACUSACIONES

El ingreso en prisión de Forcadell y los otros cuatro exconsejeros --incluido Turull, que fue candidato a la presidencia de la Generalitat--, lo dictó Llarena a petición de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y de la acusación popular ejercida por Vox, al entender que persistía en todos ellos el riesgo de reiteración delictiva.

En su auto, el juez lo justificaba en que no creía en sus manifestaciones asegurando que no tenían intención de reiterar sus conductas y porque a su juicio ninguno de ellos reconoció la ilegalidad de su conducta.

Tras la vistilla celebrada en dicha ocasión, el magistrado instructor apuntó que, si bien es cierto que los procesados había comparecido ante el tribunal siempre que han sido llamados, la investigación también había reflejado su clara insurrección a las diferentes órdenes judiciales --de prohibición de celebración del referéndum, entre otras-- las cuales "han desatendido de manera contumaz y sistemática" durante los últimos años.