Gabriela Bravo lamenta que reforma del Poder Judicial "no se haya hecho a través de un gran pacto de Estado"

La Vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, ha lamentado que la Reforma del Poder Judicial "no se haya hecho a través de un gran pacto de Estado" y que "parte de las observaciones y críticas que el CGPJ ya puso de manifiesto hace unos meses, no hayan sido asumidas por el Parlamento".

Así lo ha declarado este jueves en Murcia, momentos antes de impartir la lección magistral sobre el 'Compromiso profesional y crisis económica' en Convalecencia, y lamentar su ausencia el pasado año en el acto de clausura del curso académico de la Dirección de la Escuela de Práctica Laboral.

Tras asegurar que fueron muchas las discrepancias con la reforma del ministro Alberto Ruiz-Gallardón "como la supresión de la función reglamentaria, que finalmente fue recogida", ha recordado que "ya se puso de manifiesto en este mismo texto del informe, aprobado por el Pleno, que la posibilidad de la renovación parcial del Consejo, podía ser inconstitucional".

La Constitución, ha proseguido, "habla de la renovación de los 20 vocales", por tanto, "no se entiende por qué ahora se establece, en contra de lo que marca la Constitución, esta posibilidad de renovación parcial".

En cuanto a la propia estructura y funcionamiento, ha recordado, fueron muchas las críticas "porque se producía un cierto desapoderamiento al reducir la propia estructura del Consejo".

No obstante, ha insistido en que éste fue el informe mayoritario, "pero también es cierto que hubieron informes y votos particulares que entendían que la reforma, de ninguna forma, suponía un ataque a la independencia del Poder Judicial".

Bravo ha opinado, asimismo, que la figura del Vicepresidente "se ha reconducido" en el Senado, "se introdujo una enmienda y de alguna forma se atendió a la preocupación de los magistrados y del presidente del Tribunal Supremo" sobre la posibilidad de que un vocal pudiera asumir funciones jurisdiccionales, que "quizás podía quebrar un principio fundamental de nuestro sistema, como es el juez ordinario, predeterminado por la ley".

Sobre el retraso existente en la jurisdicción social y las concentraciones realizadas por los sindicatos en este sentido, Gabriela Bravo ha asegurado que esta jurisdicción "está siendo, quizás, la más afectada como consecuencia de la grave crisis económica del país".

Pero, ha indicado, el Consejo está adoptando, desde hace años, planes de refuerzo y apoyo para esta jurisdicción "tan importante", lo cierto que, a pesar de ello, "sigue siendo la que más está sufriendo el lastre de la crisis".

Por último y preguntada sobre el partido judicial de Cartagena y el miedo a que pueda desaparecer ante el proyecto de Ley de Demarcación y Planta Judicial del Gobierno central, la Vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial ha indicado que "cualquier reforma siempre suscita preocupación, es lógico, y sobre todo cuando tenemos un sistema que lleva casi 200 años funcionando", el cambio "puede producir a cualquiera cierto vértigo".

JUSTICIA MÁS ACCESIBLE, EFICAZ Y EFICIENTE

Pero lo cierto que en un momento como el actual, de carencia de recursos económicos, "es necesario modificar las estructuras y la organización judicial si queremos que las inversiones sean rentables", ha continuado, y "lo que este país ya no puede asumir es una organización judicial que se diseñó hace siglo y medio, que no responde a las necesidades y complejidad de las nuevas relaciones sociales".

Por tanto, a su juicio, "es necesario modificar siguiendo los modelos de los países de nuestro entorno", que lo hicieron hace tiempo "y sin grandes frustraciones". "La reforma es importante y redundará en beneficio de una mayor garantía para el ciudadano y fortalecerá el servicio público de la Justicia", ha afirmado.

Preguntada, en este sentido, por si esa modificación podría llevar a la desaparición de juzgados, ha indicado que "no podemos hablar de ello, lo importante es reforzar el servicio público", tras lo que ha manifestado que "ningún ciudadano se verá falto de los recursos necesarios para poder acceder a la justicia".

"Lo que queremos es que la justicia sea más accesible, eficaz y eficiente" y si para ello hay que establecer cambios en la organización judicial, "me parece que debe ser positivo".

Hablar de términos como desaparición, disminución, anulación "no tiene sentido", lo que queremos "son cambios de estructuras para mejorar y hacer, sobre todo, mucho más rentable las inversiones en materia de justicia", ha finalizado.