El Gobierno decreta el estado de alarma y "moviliza" a los controladores

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario convocado para evaluar la situación creada tras el paro masivo e imprevisto de los controladores, Rubalcaba ha dicho que el decreto con esta declaración se publicará en una hora. El decreto debe ser refrendado por el Rey, que se encuentra en Argentina.

Según Rubalcaba, a efectos prácticos esta situación supone que a partir de ahora los controladores "pasan a estar movilizados" y, "si no van a trabajar, incurrirán en un delito de desobediencia tipificado en Código Penal Militar". Si acuden a trabajar, pero no asumen sus funciones también incurrirán en este delito. Las penas por desobediencia son de prisión, según Rubalcaba. El Código Penal Militar establece una pena de entre cuatro meses y seis años de prisión y la pérdida de empleo.A la reunión del Consejo de Ministros han acudido, invitados por el presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, el Fiscal General del Estado y el Abogado General del Estado en calidad de asesores jurídicos.

El estado de alarma será comunicado al Congreso de los Diputado y durará 15 días, ha explicado el vicepresidente primero, aunque espera que "no dure tanto". Si es necesario, se ampliará tras una nueva petición al Congreso. Los militares que están al frente de las torres de control de los aeropuertos comunicarán personalmente a los controladores "la nueva situación" en la que se encuentran, es decir, sus "obligaciones, sus responsabilidades y las responsabilidades en que podrían incurrir" si no cumplen las primeras.

"No vamos a consentir el chantaje a la sociedad española"

Según el ministro del Interior, "sstamos ante un grupo de trabajadores que se valen de su preeminencia en el control aéreo y están defendiendo unos privilegios inaceptables que el Gobierno no puede aceptar tampoco el chantaje a todo el conjunto de la sociedad española. Y no lo vamos a consentir".

Rubalcaba ha explicado que el ministro de Fomento, José Blanco, informó el viernes en el Consejo de Ministros de los problemas que se estaban produciendo, por lo que el Gobierno intuyó lo que podría pasar e incluyó en el decreto la posibilidad del control militar que, efectivamente, ante la situación creada, se aplicó por la tarde. Según Rubalcaba, "había indicios de lo que podría pasar".

El vicepresidente ha sido contundente al responsabilizar a los controladores aéreos de la situación porque sabían que hay un puente Según Rubalcaba, "la medida había que aplicarla porque la situación comenzaba a ser insostenible. Preveíamos este tipo de movilizaciones, pero no hasta este punto".

Lo único que se les pide

Según Rubalcaba, "lo único que los controladores tienen que hacer es normalizar la situación de los aeropuertos. Es lo único que se les está pidiendo".

El vicepresidente ha indicado que AENA ha cerrado el espacio aéreo hasta el domingo a las 6:00h de la mañana. "Las leyes internacionales exigen dar un plazo lo suficientemente largo. AENA informa de que si la situación se normalizara, esos plazos se podrían acordar. La normalización definitiva no va a ser fácil. Hay que reconfigurar todo el calendario aéreo. No será cuestión de horas sino de algo más", ha explicado.

Tal y como ha señalado el vicepresidente, el mismo Zapatero ha informado personalmente al líder del PP, Mariano Rajoy, retenido en Lanzarote por el paro de controladores, de las decisiones del Consejo de Ministros, en tanto que el titular de Presidencia, Ramón Jáuregui, hablará con los portavoces parlamentarios.

Comisión de seguimiento de la situación

Tras la reunión del Consejo de Ministros, ha quedado constituida la Comisión Delegada para Asuntos de Crisis, que presidirá Zapatero y que se mantendrá reunida para evaluar la situación en los aeropuertos.

Rubalcaba ha reiterado las disculpas del Ejecutivo a los ciudadanos afectados, y más en las fechas de un puente festivo como el de la Constitución. A su juicio, "nadie podía prever" que este colectivo "fuera tan insensato" y adoptara una decisión "no para hacer daño al Gobierno, sino a los ciudadanos".