El Gobierno prevé que las 'embajadas' catalanas estén completamente cerradas antes del 31 de diciembre

De hecho, aunque los 34 trabajadores de las oficinas fueron despedidos a finales de noviembre, en algunos casos la fecha del despido es el 31 de diciembre, porque son ellos encargados de rescindir los contratos de alquileres y suministros y tramitar los cierres físicos de las oficinas.

La semana pasada, durante su comparecencia en el Senado, el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, precisó el coste de las llamadas embajadas de la Generalitat en proceso de cierre o ya clausuradas, como la de Estados Unidos, con 1,1 millones de euros, o la de Ginebra, 760.000.

Bermúdez de Castro ofreció estas cifras para rebatir el argumento de que estas delegaciones tenían un bajo coste. A esas dos cifras añadió el coste de Portugal (450.000 euros), Francia (895.000 euro), Alemania (500.000 euros), Italia (738.000), Austria (700.000), Dinamarca (520.000 euros) y Polonia (500.000 euros). El coste de estas nueve embajadas suma 6.163.000 euros.

El secretario de Estado aseguró además que en aplicación del artículo 155 de la Constitución no se ha cerrado ninguna delegación turística, comercial o cultural de Cataluña, sino las circunscritas a la actividad política. El Gobierno decidió dejar operativa la de Bruselas -aunquie cesó al delegado--, y las primeras que clausuró fueron las netamente políticas: Viena, Ginebra, Roma y Lisboa.

"Se circunscribían al ámbito diplomático, a hablar mal de España", dijo Bermúdez de Castro, que ha insistido en que el Gobierno respeta el trabajo cultural o comercial que realizan las comunidades autónomas.

También la secretaria de Estado de Comercio, María Luisa Poncela, dejó claro a finales de noviembre en el Senado que no se ha cerrado ninguna de las oficinas comerciales de la Generalitat. Las 42 oficinas de Acció, dijo, siguen abiertas y "trabajando con normalidad".

Bermúdez de Castro también explicó ante la Comisión que evalúa la aplicación del 155 que se intentó que la Generalitat recolocase a los 34 trabajadores de estas delegaciones despedidos y que así se le reclamó al número dos de la Consejería de Relaciones Exteriores de la Generalitat, Aleix Villatoro, al frente del departamento tras la destitución del titular, Raül Romeva. Según Bermúdez de Castro, "era un drama echarlos en Navidades", pero el responsable catalán no hizo nada, porque es algo "que no hacía ruido".