El Govern reivindica que ya está cumpliendo la parte social de la resolución de ruptura

El Govern ha registrado este viernes en el Parlament un informe que reivindica lo que ya ha hecho para cumplir el anexo social de la resolución independentista de la cámara de 2015, pero que también avisa de que todas las medidas que incluía no podrán ejecutarse sin los Presupuestos 2016.

El documento, recogido por Europa Press, destaca que la cuentas que plantea el Govern financian 80 medidas sociales, pero "depende de si se aprueba el proyecto de ley" presentado.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya anunció el miércoles ante el Parlament que el Govern iba a presentar este informe sobre el estado de ejecución de todas las iniciativas y acciones que ha llevado a cabo el Govern para cumplir la resolución, algo que exigía el propio texto aprobado por JxSí y la CUP.

Concretamente, el anexo social de la resolución independentista exige al Govern que actúe para "blindar los derechos fundamentales afectados por decisiones de las instituciones estatales" y estipula que el Govern debe dar cuentas del cumplimiento de este punto.

Por ello, el informe se centra en este anexo y desgrana las medidas que se han llevado a cabo en nueve ámbitos: pobreza energética, vivienda, sanidad, educación, libertades públicas, administraciones locales, refugiados, aborto y financiación de un plan de choque social y gestión de la deuda.

Sobre este último punto, el Govern indica en su informe que el proyecto de Presupuestos de 2016 incluye 285 millones para financiar el plan de choque social y recuerda que el 78,5% del incremento del gasto en las cuentas se focaliza en aspectos sociales.

El informe llega en plenas negociaciones entre JxSí y la CUP por los Presupuestos: los anticapitalistas han presentado una enmienda a la totalidad y afean a la coalición independentista que está incumpliendo los compromisos de la resolución.

Pero en el informe registrado, el Govern reivindica haber llevado a cabo multitud de medidas, entre las que destacan 16 acciones para luchar contra la pobreza energética y la crisis habitacional, la garantía de que ningún ciudadano quede excluido de la sanidad pública pese al decreto del Estado que veta a los 'sin papeles' y la oposición "en todo momento" a la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (Lomce).

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Además, apunta a que se ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra algunos aspectos de la Ley de protección ciudadana con el objetivo de garantizar las libertades públicas y que proporciona todo el apoyo necesario a las administraciones locales para que puedan desempeñar sus funciones.

También recuerda el trabajo de las instituciones catalanas en la crisis de los refugiados, ofreciendo la posibilidad de acoger hasta 4.500 y coordinándose con todos los agentes implicados.

Sobre el aborto, el Govern defiende que da cumplimiento a la Ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y garantiza que las mujeres puedan abortar en la red pública.