Griñán anuncia que su gobierno aprobará próximamente la ley para "frenar los desahucios" y proteger a la parte más débil

En respuesta a una pregunta del portavoz de IUlV-CA, José Antonio Castro, sobre este asunto, Griñán ha explicado que se trata, por tanto, de establecer medidas inmediatas para frenar los desahucios y para regularizar los procesos ejecutivos de las hipotecas, preservando el derecho a la vivienda y, sobre todo, protegiendo a la parte más débil cuando se formaliza un contrato en que siempre la entidad financiera tiene todo el poder en la mano.

Ha indicado que se trata de dar protección a "los más débiles, en estos casos a aquellas personas que suelen someterse a lo que históricamente han sido verdaderos contratos de adhesión" y que cuando ha llegado el momento de no poder afrontar el pago de la hipoteca se encuentran con cláusulas abusivas que en muchos casos han acabado con la pérdida de la vivienda.

Griñán ha expresado su preocupación por que esta crisis está provocando una nueva forma de exclusión social que está afectando a muchas clases medias y trabajadores y que se está traduciendo en muchos casos en la pérdida de la vivienda por no poder hacer frente a las deudas, algo que, según ha apuntado, requiere la atención de todos. A su juicio, los ciudadanos no pueden entender que los bancos que llevan a cabo miles de ejecuciones hipotecarias sean apoyados con dinero público para afrontar sus deudas.

Ha recordado que hasta ahora su Gobierno ha tomado decisiones importantes en una triple dirección, como la puesta en marcha del programa andaluz de defensa de la vivienda; las iniciativas legislativas que parten de la constatación de un exceso de viviendas vacías en territorios donde existe una demanda no satisfecha; y un nuevo plan de vivienda y rehabilitación 2013-2016, para garantizar el derecho a una vivienda digna.

Asimismo, el presidente ha señalado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Ley hipotecaria española es un gran paso adelante, sobre todo, porque supone dar la razón a la demanda de los ciudadanos para que se cumpla el derecho constitucional a una vivienda digna. Ha estimado que esa sentencia, sin duda, debe tener consecuencias legislativas por parte del Gobierno y en el sentido de que la iniciativa legislativa popular que se tomó en consideración en el Congreso de los Diputados salga adelante en los términos en que se presentó.

Ha recalcado que aunque esa sentencia no signifique la paralización inmediata de los desahucios, sí abre una vía para legislar de otra manera y para llevar a cabo una reforma de la legislación hipotecaria española.

Por su parte, el portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, ha valorado los pasos que ha dado hasta ahora el Gobierno andaluz, si bien ha considerado que no son suficientes, de manera que ha pedido al presidente de la Junta una norma que establezca que la vivienda en Andalucía deja de ser un bien embargable, porque se trata de un derecho.

Ha expresado su satisfacción por el desarrollo de un pleno del Parlamento este jueves que, a través de varias iniciativas, quiere poner de relieve la importancia que tiene la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre una Ley hipotecaria española que ha provocado que en este país se hayan ejecutado 440.000 desahucios desde el año 1994, más de 86.000 en Andalucía. Ha criticado que esa ley no fuera modificada por ningún Gobierno de la Nación, ni por el de Felipe González ni por el de José María Aznar ni por el de José Luis Rodríguez Zapatero ni por el de Mariano Rajoy, sino que optaran por endurecerla.

Ha señalado que frente a la dura realidad de muchas familias apartadas de sus hogares, la opinión pública y la iniciativa legislativa popular piden la dación en pago con carácter retroactivo, el alquiler social o la paralización inmediata de todos los desahucios, algo que debe ser atendido. Ha mostrado su preocupación por que el PP quiere cerrar "en falso" este debate, al tiempo que ha apoyado todas esas acciones pacíficas y no violentas que le dicen al Gobierno central que los ciudadanos no van a quedar impasibles.

Ha pedido al presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, que en lugar de pedir perdón a las "vírgenes", le pida perdón a las 86.000 familias que han sufrido desahucios en Andalucía.