La Guardia Civil investiga una partida de 2,2 millones para publicidad del 1-O de la Secretaría de Antoni Molons

Así lo hizo constar el instituto armado en un informe que entregó al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona el pasado mes de diciembre. En ese documento, al que tuvo acceso Europa Press, la Guardia Civil apuntaba a posibles delitos de prevaricación y desobediencia que podrían haber cometido el exconseller de Presidencia Jordi Turull y otros miembros de su equipo en relación con una campaña para fomentar la participación en el referéndum del 1-O de los catalanes residentes fuera de España mediante su inscripción en un registro.

Los agentes expusieron que la propuesta de la citada campaña partió de la Dirección General de Difusión y en ella trabajaron el secretario de Difusión y Atención Ciudadana de Presidencia, Antoni Molons, detenido hoy, y el director general de este departamento, Jaume Mestre, quien fue cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La campaña se presupuestó en 2,29 millones de euros y se adjudicó primero a Carat, que renunció a ella por entender que el lema 'Civisme' no se correspondía con el contenido y que éste estaba vinculado al referéndum. El mismo motivo que alegó la segunda adjudicataria de la citada campaña, Focus Media.

Ante esta situación, el exconsejero Turull habría ordenado que se emitiera en los medios públicos de la Generalitat, aunque también se insertaron anuncios en algunos diarios junto con los que se emitieron en TV3 en relación con el referéndum. El coste de esta publicidad acreditado por la Guarida Civil en su informe suma medio millón de euros en su conjunto.

MEDIO MILLÓN DE EUROS ENTRE DIARIOS Y MEDIOS DE LA GENERALITAT

Por lo que respecta a los anuncios en diarios, se insertaron con el eslogan '¿Si o no?' sobre un mapa de Cataluña, para promover la inscripción en un registro. Estos tuvieron un coste de 224.835,25 euros.

Por otro lado, con cargo al presupuesto del contrato programa que la Generalitat tiene con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) se emitieron dos anuncios en TV3 --uno en el que sí aparecía la palabra referéndum y otro sin esta palabra y las instrucciones para votar-- que costaron 277.804,36 euros.

Según el instituto armado, la campaña de registro de catalanes en el exterior se creó "con el claro propósito de difundir un mensaje estrechamente relacionado con el referéndum del 1-O" que había sido expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional.

"Para votar es necesario estar inscrito", así se señalaba en el artículo 17 de Decreto de Normas Complementarias para la celebración del Referéndum aprobado por el Parlamento de Cataluña. Por ello, la Guardia Civil considera que con la publicidad se buscaba promover la inscripción de los catalanes residentes en el exterior.

ADVERTENCIA DE IRREGULARIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN

La tramitación de estos anuncios, por el carácter de urgencia, comenzaron el pasado 24 de agosto "a sabiendas de que constituía una clara resolución injusta", un aspecto que además fue advertido por la Subdirección General de Régimen Económico y de Contratación.

El hoy detenido, Antonio Molons, ya declaró ante la Guardia Civil hace unos cuatro meses en relación con este asunto. En aquel momento aseguró que el presupuesto que se había previsto para la campaña aún debía estar en las arcas de la Generalitat, pero el informe de la Guardia Civil precisaba que se desconocía la veracidad de esa afirmación.

Molons también declaró a los agentes, según el informe que entregaron al juez, que la campaña se iba a emitir en verano pero que se había retrasado hasta finales de agosto por falta de presupuesto. Según su versión de entonces, la campaña era para fomentar el civismo entre la población y que el mensaje de las vías que se debía enviar a los medios no contenía la palabra referéndum.

La Guardia Civil ha seguido investigando este asunto ya que, según trasladó al juez se desconocía quién había diseñado los anuncios, que la propia Generalitat entregó a los medios que los emitieron, ya que había una clara intención de ocultarlo por parte del Gobierno catalán debido a que el referéndum había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.