Imputan a otras 2 personas en el 'Caso Unión' por contratación ilícita con el Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote)

Ambos han sido imputados en una de las piezas centrales de la citada causa. La titular del Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arrecife cita en calidad de imputado a Francisco Saavedra por la comisión de un posible delito de prevaricación (404 cp) y malversación de caudales públicos (432 cp) en relación a los contratos de Infogelan Fontanería S.L. con el Ayuntamiento de Arrecife entre 2007 y 2010, en los que intervino como técnico municipal.

Por su parte, a Ruth Hernández Toledo se le cita a declarar en calidad de imputada también por la comisión de un posible delito de prevaricación (404 cp) y malversación de caudales públicos (432 cp) en relación a los contratos con el Ayuntamiento de Arrecife entre 2007 y 2010 en los que intervino como técnico municipal y en aquellos en que omitiera el control o supervisión a que viniera obligada.

En esta diligencia, que continúa su instrucción en el citado Juzgado se encuentran como imputados por delitos contra la Administración Pública Dimas Martín Martín, Carlos Sáenz Melero, Ubaldo Becerra Robayna, José Miguel Rodríguez Sánchez, Antonio Jerónimo Machín Ramos, Yoana Cabrera Machín León, Loyola Del Mar Hernández Álvarez, María Luisa Blanco Carballo, y Juan Rafael Arrocha Arrocha.

Asimismo, están imputados María Elena Martín Martín, María José Docal Serrano, Matías Curbelo Luzardo, Antonio Gómez Ruiz, Jesús Manuel Martín Brito, Daniel Yeray Cañada Tribaldo, Manuel Gregorio Reina Fabre, Francisco Javier Armas López, Eduardo Ferrer Cabrera, Antonio Cárdenes Carrillo, Samuel Lemes, Juan Francisco Rosa Marrero y Joaquín Herrera Fragiel, según el auto dictado por el Juzgado competente.

COMISIONES ILEGALES

El Juzgado investiga una presunta trama de corrupción en el seno del Ayuntamiento de Arrecife que, hasta el momento, se materializa a través de tres vías, tales como son la exigencia de comisiones ilegales a empresarios de la isla para la conclusión de nuevos contratos y la exigencia de comisiones a empresarios de Lanzarote para el abono de las facturas de contratos ya realizados.

La tercera vía se centra en la inobservancia "intencionada" de la normativa administrativa en los procesos de contratación de empresas con el citado Ayuntamiento para adjudicar contratos al margen de la regulación administrativa (en particular de la Ley de Contratos con la Administración Pública) "eliminando o desvirtuando" tramites preceptivos que garantizan, entre otros, la fiscalización del pago, la transparencia o la libre concurrencia de empresarios para optar por la oferta más beneficiosa a las arcas públicas, por lo tanto generando una adjudicación directa a la empresa elegida.

Asimismo, se obviaría las "mayores garantías" en el caso de contratos que exceden de una determinada cantidad (18.000 euros o 50.000 euros). El auto recoge que con este 'modus operandi' se observa indiciariamente una correspondencia entre las empresas que dotaban económicamente al Partido Independiente de Lanzarote (PIL), que fundó Dimas Martín, y las que finalmente resultaban adjudicatarias de los contratos con el Ayuntamiento de Arrecife, pudiendo aparecer una cuarta vía que se materializaría en el aprovechamiento de recursos públicos para lucro personal que constituiría delito de malversación.