Interior privatiza la vigilancia exterior de las cárceles españolas

Estas mismas fuentes han precisado que el plan no contempla que la seguridad privada sustituya a la Guardia Civil o los funcionarios de prisión en las labores que les son propias, sino que su función será la de prestar "vigilancia auxiliar" como el control externo o la visualización de monitores del circuito cerrado de seguridad de los centros.

Desde el Ministerio estiman que la medida se pondrá en marcha en una veintena de centros, si bien advierten de que esa cifra podría variar. Se trata de una oferta realizada por el Departamento al sector de la Seguridad Privada, aunque no se ha cerrado ningún acuerdo concreto con ninguna empresa ni se ha fijado aún el número de efectivos que sería necesario para cubrir las necesidades previstas.

El pasado 28 de junio, el secretario de Estado de Interior, Ignacio Ulloa, planteó en el Congreso de los Diputados la posibilidad de paliar con seguridad privada la escasez de funcionarios en los centros penitenciarios.

"Lo único que hacemos es poner ingenio y quiero decir que, apelando a la tranquilidad de parte de los diputados que me han preguntado, pero haciéndoles ver que no queda más remedio que buscar alternativas, lo que es la alternativa de la seguridad privada", dijo Ulloa ante la Comisión de Interior de la Cámara Baja.

El 'número dos' de Interior cuestionó que la labor de "mirar un monitor de seguridad" sólo lo pueda hacer un funcionario de prisiones y se preguntó si esa función "la puede desempeñar un ciudadano con una mínima formación que pueda ser contratado y liberar a un funcionario penitenciario en otro lugar". "Dejo la cuestión en el aire, no quiere decir que se vaya a adoptar, pido las sugerencias de los diputados", zanjó.

Respaldo de CiU y rechazo del PSOE

Apenas un mes antes, el 29 de mayo, PP y CiU aprobaron en el Congreso de los Diputados una iniciativa que pedía al Gobierno que estudiase la posibilidad de que personal de empresas de seguridad privada se encargase de la vigilancia exterior de las cárceles españolas y su acceso, siempre bajo la dirección de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La proposición no de ley fue debatida en la Comisión de Interior del Congreso a iniciativa de CiU, que finalmente acordó con el PP instar al Gobierno a incluir esta idea en la reforma de la Ley de Seguridad Privada que tiene previsto desarrollar.

En concreto, la iniciativa pedía que miembros de seguridad privada sustituyan a los responsables públicos de seguridad en las funciones de control de accesos y control de cámara de circuito cerrado de televisión, "que podrían ser ampliadas a la seguridad perimetral inmediatamente circundante a los centros penitenciarios llegado el caso, bajo la dirección de los responsables de la seguridad pública" de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas.

El PSOE votó en contra de esta proposición ya que considera "evidente" que se plantea un "beneficio" para las empresas privadas de seguridad que "va en perjuicio" del servicio público, según argumentó el diputado José Zaragoza. Pero además, avisó de que los miembros de la seguridad privada "no están preparados" y requieren formación, algo que "cuesta dinero".