El empresario de televisión José Luis Moreno, imputado en el caso Palma Arena

Una de las acusaciones que pesan sobre Moreno es la que efectuó el ex directivo de una de sus productoras, Luis Velasco, quien afirmó ante el magistrado que vio al empresario entregar un sobre con 250.000 euros como posible soborno al entonces presidente del gobierno balear, Jaume Matas.

La entrega de dinero habría sido durante la gala inaugural de IB3 Televisió, celebrada el 4 de septiembre de 2005 en el Casino de Mallorca.

El juez José Castro, observó indicios del cobro de este cohecho y de su relación con el presunto fraude en los concursos y licitaciones de programas y el encargo de decorados a empresas vinculadas al popular ventrílocuo con IB3, corroborado por la ex jefa de Producción del Ente autonómico, Nani Bohigas.

Velasco, que fue citado el pasado mes de abril en calidad de testigo aunque finalmente fue interrogado como encausado a petición de la Fiscalía, se reafirmó en la deposición que ya realizó en dependencias de la Fiscalía cuando a finales de 2008 el Ministerio Público abrió diligencias informativas por estos hechos bajo el nombre de Operación Cámara.

Moreno niega las acusaciones

José Luis Moreno, por su parte, niega haber entregado 250.000 euros al ex presidente y defiende que su relación con el ex líder del PP es "inexistente".

En varias ocasiones el empresario ha considerado "absurdo" dar "crédito a un soborno de un presidente autonómico, para una televisión tan pequeña, y en una gala de presentación con miles de personas delante".

Moreno asegura que quien lo acusa es un ex trabajador suyo que quiere "venganza", " el impuesto revolucionario que tenemos que pagar las personas populares", sostiene.

Tres días antes de la comparecencia de Moreno está prevista, en otra pieza separada de la causa, la del arquitecto Santiago Calatrava, por presuntas irregularidades cometidas en la elaboración, por encargo de Matas, de un anteproyecto para la construcción de un teatro de la ópera en Palma. El famoso arquitecto podría haber sido favorecido de forma ilícita.

El anteproyecto costó 1,2 millones de euros al Ejecutivo balear aunque no se llegó a ejecutar debido a una prohibición por parte de la Junta Electoral en 2007, puesto que se pretendía presentar poco antes de las elecciones.