La presencia de Junqueras, Forn y Sánchez en la sesión de investidura dependerá del juez Llarena

La presencia del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras -- cabeza de lista por ERC para las elecciones en Cataluña para el próximo día 21--, del líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y del exconsejero Joaquim Forn --números 2 y 7, respectivamente, en la lista de Junts per Catalunya-- en la sesión de investidura que seguirá a los comicios autonómicos dependerá de la decisión que tome al respecto el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que los mantiene en prisión preventiva por delitos relacionados con el 'procés' que concluyó con la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han señalado que no existe en principio ningún problema para que los investigados puedan tomar posesión de su escaño sin salir de prisión, ya que en el Parlamento de Cataluña existe la posibilidad de que una segunda persona pueda realizar este trámite. Para la asistencia a Plenos, sin embargo, deberán contar con el preceptivo permiso penitenciario del juez Llarena.

Este requisito podría poner en aprietos al grupo de diputados independentistas en el caso de que el voto de estos tres futuros parlamentarios fuera imprescindible para obtener una mayoría suficiente en el Parlamento a la hora de designar presidente de la Generalitat. Una posibilidad, según apuntan las fuentes consultadas, es que Junqueras, Sánchez y Forn renunciaran para que corriera la lista y otras personas de sus candidaturas ocuparan dichos escaños.

PERMISOS POCO PROBABLES

Por otro lado la concesión de los permisos se apunta como poco probable por las fuentes consultadas por Europa Press, ya que la salida de prisión de los presos preventivos se acepta tan sólo para casos muy puntales. Expertos consultados ven difícil que se les permita acudir al Parlamento del mismo modo que a ningún preso se le suele dar permiso porque tenga que ir al trabajo salvo que se encuentre ya cumpliendo condena y en el tercer grado.

Fuentes del alto tribunal recuerdan que las cuestiones políticas no afectan a las decisiones que se adopten en este órgano, y que la investigación por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos que se tramita contra los protagonistas del 'procés' en Cataluña no afectará al instructor de la causa tal y como no afectó en su día a este órgano quien ganase las elecciones en Andalucía para imputar a Manuel Chaves y a José Antonio Griñan, expresidentes de la Junta de Andalucía.

La situación podría verse complicada en el hipotético caso de que el expresident y cabeza de lista por Junts per Cataluña, Carles Puigdemont y los exconsejeros que le acompañan en Bélgica, todos ellos candidatos al 21-D, fueran elegidos diputados y decidieran volver a España.

Si al entrar en el país son detenidos y puestos a disposición de Llarena su presencia en el Parlament para la investidura también dependería del magistrado.

PRECEDENTES A FAVOR Y EN CONTRA

En su favor, los candidatos en prisión cuentan con el precedente del preso de ETA y candidato a lehendakari por Herri Batasuna Juan Carlos Yoldi, a quien la Audiencia de Pamplona permitió hace 30 años, en febrero de 1987, abandonar la prisión para acudir a la sesión de investidura en la que se presentaba como candidato a presidir la lehendekaritza.

En dicha ocasión, la Audiencia de Pamplona resolvió de forma unánime que debía permitirse a Yoldi asistir a la sesión en contra del criterio de la Fiscalía. Los magistrados argumentaron que no se podía privar a un ciudadano en prisión preventiva de la posibilidad de presentarse como presidente de la comunidad autónoma, ya que además de sus derechos políticos se estarían lesionando los de sus electores.

En contra, Junqueras y los otros dos investigados en prisión cuentan con las decisiones precedentes de Llarena, quien ha rechazado por el momento excarcelar a Sánchez para que pudiera participar en la campaña electoral. Además, el magistrado también se ha negado a citarle junto a Forn y al líder de Ómnium Cultural Jordi Cuixart hasta el próximo 11 de enero, una vez pasados los comicios, pese a que éstos habían pedido voluntariamente volver a declarar para convencerle de que suavice las medidas cautelares que pesan contra ellos.