Junta de Andalucía ahorrará 4 millones con una reducción del 30% de altos cargos

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes las estructuras orgánicas de nueve consejerías de la Junta de Andalucía. Estos organigramas se adaptan al objetivo central de mejorar y aumentar la eficiencia del sector público administrativo de la comunidad autónoma, tras la reorganización establecida en el decreto del Presidente del pasado 5 de mayo, que redujo de 13 a 11 el número de consejerías, según ha informado en rueda de prensa la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz.

Las nuevas estructuras corresponden a las consejerías de la Presidencia e Igualdad; Administración Local y Relaciones Institucionales; Justicia e Interior; Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Fomento y Vivienda; Agricultura, Pesca y Medio Ambiente; Salud y Bienestar Social; Turismo y Comercio, y Cultura y Deporte.

Aún sin contar los dos organigramas que quedan pendientes (Educación y Hacienda y Administración Pública) ni la reforma de la administración periférica, según ha explicado Díaz, la reorganización aprobada este martes supone una reducción del 16 por ciento en el número de altos cargos en servicios centrales respecto al inicio de la anterior legislatura en 2008.

Concretamente se reducen 30 altos cargos en centros directivos y servicios centrales respecto a los que había al inicio de la anterior legislatura (189) y doce en relación con los que había cuando finalizó (171), con lo que la cifra se sitúa ahora en 159.

Incluyendo el personal eventual de los gabinetes, la reducción supone un impacto económico de casi cuatro millones de euros en el capítulo 1 de gastos del Presupuesto de la Junta. En relación con la estructura anterior a la formación del nuevo Gobierno, esta reducción se cifra en un 9,3 por ciento y un ahorro de 1,6 millones de euros.

La consejera ha manifestado que Andalucía contará con una administración "eficaz, eficiente y austera", que trabajará con la misma potencia y fortaleza con la que lo había hecho hasta ahora, donde la cercanía al ciudadano será una prioridad.

Ha puesto además el acento en que la administración andaluza, según se ha confirmado a través de un estudio internacional, cuesta menos a los andaluces que lo que cuesta a ciudadanos de otras comunidades sus administraciones.

De hecho, la administración andaluza supone 6.819 euros por habitante al año, mientras que la media nacional se sitúa en los 10.224 euros, según los datos aportados por Díaz, quien ha indicado que los mismos dejan en evidencia el discurso "falso" del Partido Popular de que en Andalucía hay una administración mastodóntica que supone un excesivo gasto.

También ha incidido en que Andalucía cuenta con una administración austera, donde los privilegios "no forman parte de las características" de la misma y sus altos cargos son los que menos cobran en el conjunto del Estado. Ha aprovechado para señalar que la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, tiene un mandato para "armonizar" las productividades en el conjunto de la administración porque todos los que desempeñen el mismo trabajo tienen que cobrar lo mismo.

ESTRUCTURA DE LAS CONSEJERÍAS

A grandes rasgos, las nuevas consejerías creadas a partir de las fusiones mantienen o simplifican los organigramas heredados. En la Consejería de la Presidencia e Igualdad la principal novedad es la incorporación de las competencias en materia de juventud e igualdad entre hombres y mujeres, procedentes de la antigua Igualdad y Bienestar Social, con el consiguiente traspaso del Instituto Andaluz de la Juventud y del Instituto Andaluz de la Mujer. El número de órganos no se incrementa y únicamente se modifica la categoría del Portavoz del Gobierno, que pasa de Dirección General a Secretaría General.

Otra novedad en Presidencia e Igualdad es la incorporación de las delegaciones del Gobierno de la Junta en las ocho provincias y de la Subdelegación en el Campo de Gibraltar, anteriormente adscritas a la extinta Gobernación y Justicia. El resto de la Administración periférica de la Junta quedará perfilada próximamente con un esquema basado en cinco delegaciones sectoriales por provincia.

La nueva Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, vinculada a la Vicepresidencia, configura su organigrama con las competencias asignadas en Administración local, recuperación de la Memoria Histórica y voluntariado y participación social (anteriormente en Gobernación y Justicia); cooperación al desarrollo (antes en Presidencia), y consumo (antes en Salud). Estas últimas políticas suben de rango y contarán con una Secretaría General.

Justicia e Interior mantiene las competencias de la antigua Consejería de Gobernación y Justicia en los ámbitos de Justicia; policía, seguridad, Protección Civil, emergencias y espectáculos públicos y actividades recreativas. Asume además las políticas migratorias (anteriormente en Empleo) y las competencias en violencia de género (antes en Igualdad y Bienestar Social).

Entre otras novedades, su organigrama refleja el impulso a la implantación de la Oficina Fiscal, que soporta la actividad del Ministerio Fiscal en la Comunidad Autónoma de Andalucía. De este modo, la anterior Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación pasa a llamarse de Oficina Judicial y Fiscal.

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo modifica la estructura heredada del

anterior departamento de Economía, Innovación y Ciencia para incorporar la mayor parte de las competencias de la desaparecida Consejería de Empleo e integrar en su organigrama al Servicio Andaluz de Empleo.

La Consejería de Fomento y Vivienda hereda la mayor parte de la estructura de la anterior Obras Públicas y Vivienda. Diversos cambios en su organigrama reflejan las prioridades que el nuevo departamento concede a las políticas de rehabilitación, viviendas sociales y movilidad sostenible.

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente aglutina las funciones que ejercían las dos consejerías hasta ahora encargadas de las políticas agrarias y medioambientales. Además, asume las competencias de urbanismo y ordenación territorial procedentes de la antigua Obras Públicas y Vivienda, que pasan a configurar la tercera gran área de gestión del nuevo departamento.

La Administración sanitaria andaluza introduce algunos cambios para reforzar su relación con las áreas sociales más directamente vinculadas a prestaciones y servicios, anteriormente encuadradas en la antigua Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. La nueva Consejería de Salud y Bienestar Social asume de este modo competencias en infancia y familias; personas mayores; personas con discapacidad; atención a la dependencia, y servicios sociales.

Las modificaciones de las restantes estructuras orgánicas vienen motivadas por redistribución de las competencias entre las nuevas consejerías de Turismo y Comercio y de Cultura y Deporte.