Luna dice no haber encubierto a nadie y desconocer que el informe era secreto

Luna se ha defendido así de la acusación de encubrimiento denunciada por el PPCV, que le ha llevado a ser juzgado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana con una petición de pena de dos años y nueve meses de inhabilitación y una multa de 26.250 euros.

El 24 de marzo de 2010, durante una sesión de Les Corts Valencianes, el portavoz socialista mostró un informe escrito por la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre supuesta irregularidades en el gasto público derivadas de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006.

El informe estaba bajo secreto de sumario y el PP presentó una querella por revelación de secreto contra Luna, que, tras varios meses de instrucción, fue eximido de responsabilidad.

No obstante, el magistrado Juan Montero consideró que había indicios suficientes para juzgar al diputado por un delito de encubrimiento, causa que hoy ha quedado vista para sentencia.

Según ha expuesto Luna, recibió el informe en un sobre anónimo que fue depositado sobre la mesa de su despacho del Parlamento autonómico, algo que no le causó extrañeza porque recibe muchos documentos de esta forma ante el miedo de los destinatarios a sufrir represalias.

"He llegado incluso a recibir un sobre con un resultado del concurso público que se debía celebrar para adjudicar el sistema de radiología del nuevo hospital La Fe" de Valencia, ha asegurado.

Leyó su contenido y, sin comentarlo con ningún compañero, decidió utilizarlo en una sesión parlamentaria sin comprobar "al cien por cien" la veracidad de la información.

Los diputados se ven "obligados a hacer cosas así muchas veces"; debido a la "opacidad" del Gobierno valenciano tienen que buscar "elementos de apoyo para hacer oposición", ha justificado.

Tras sustanciar la pregunta parlamentaria se despreocupó del documento, al igual que hace con otros informes.

Después lo buscó pero no lo encontró, y según ha afirmado, "puede incluso esté en un despacho común" en el que los diputados acumulan sus informes.

Luna ha insistido en que desconocía que el documento era secreto porque, entre otras razones, fue publicado por diferentes medios de comunicación "y nadie dijo nada ni inició procedimiento alguno".

"No tengo intención de encubrir a nadie, aunque tampoco sabría a quién porque desconozco quién me lo hizo llegar. En estos meses se ha hablado más de lo que yo hice que de las irregularidades que destapa el informe, y esto ha sido la primera victoria del PP; la segunda sería una sentencia condenatoria", ha concluido.

El teniente fiscal de la Comunitat Valenciana, Gonzalo López Ebri, ha pedido la absolución del parlamentario socialista, porque en su opinión se le ha perseguido por dos delitos, en este caso, "de imposible cumplimiento".

Según el fiscal, no se puede acusar de revelación de secreto a alguien que no forma parte del sumario -Luna entonces no lo era-, ni tampoco se puede "sancionar" a nadie por encubrimiento cuando no se conoce al autor del delito ni se ha practicado aún ninguna prueba para averiguarlo.

En su opinión, este proceso judicial ha sido "un camino sin salida y, lo que es peor, sin retorno posible", en el que la fase de instrucción relacionada con el encubrimiento duró "diez minutos".

Por el contrario, el abogado del PPCV, Jorge Carbó, ha acusado a Luna de haber ocultado "el cuerpo del delito", porque "sabía" que el informe estaba bajo secreto de sumario y conocía su "origen delictivo" y su remitente, motivo por el cual se "desprendió" de él.

"No se sostiene la versión de que lo encontró encima de su mesa", ha señalado el letrado, quien además considera una "falta de prudencia" que tirara el sobre "porque se podrían haber extraído muchas conclusiones" del mismo.

El jefe de seguridad de Les Corts, Francisco José Peris, ha asegurado que en los cinco años que lleva en su puesto es "la primera vez que ocurre esto", y ha señalado que él, por cuestiones de seguridad, recomendaría no abrir un sobre "si no se sabe su procedencia".

Por su parte, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha asegurado en su declaración como testigo que si supiera quién filtró el informe "lo habría puesto en conocimiento de la autoridad judicial", al ser su "deber" como "ciudadano".