Madrigal rechaza "enérgicamente" que haya intencionalidad política en la citación de Mas

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha rechazado este jueves "enérgicamente" la atribución de intencionalidad política a la citación ahora del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Más, como imputado en la querella que instruye contra él y otros mandatarios el Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) por la organización de la consulta del 9-N.

Durante la conferencia que ha impartido en el Club Siglo XXI, bajo el título 'El Ministerio Fiscal, defensor de la sociedad', la fiscal general ha reconocido que nuestro país "vive con lógica inquietud el planteamiento secesionista suscitado en Cataluña" y ha mostrado su rechazo a las valoraciones políticas y acusaciones que se han realizado desde diferentes ámbitos sobre la oportunidad de que la citación se haya producido en este momento, cuando la querella fue admitida a trámite el pasado mes de enero.

La fiscal ha señalado también que la alusión en estas críticas a una elección "deliberada de connotaciones históricas" en la fecha prevista para la declaración --el 15 de octubre es el aniversario del fusilamiento de Lluís Companys-- es "sencillamente disparatada".

Madrigal ha defendido que la Fiscalía interpuso la acción penal contra Mas y su equipo "en defensa de la ley" y que ahora en defensa de la independencia del tribunal y en concreto, de las decisiones del magistrado instructor, se ha visto obligada a comunicar públicamente su postura, explicando el 'iter procesal' de dichas resoluciones y las razones que las fundan".

A su juicio, las decisiones del instructor "son los pasos naturales del curso natural del procedimiento y no guardan relación alguna con

presiones de otros poderes o con supuestas finalidades políticas".

Así, ha reconocido que la declaración de los querellados pudo haberse realizado inicialmente como solicitaba el Ministerio Fiscal, pero que el instructor "prefirió con carácter previo proceder a la sindicación de las muchas acusaciones populares personadas y al acopio de nuevas evidencias sobre los hechos objeto de la querella".

La fiscal general ha explicado que se solicitaron por parte del fiscal del caso varias diligencias de prueba cuya práctica no ha sido en todos los casos sencilla, y que ello ha determinado que la

declaración de los querellados se planteara como procedente en fechas próximas incursas en el proceso electoral.

PAUTAS DE PRUDENCIA DEL SUPREMO

"Y fue criterio del fiscal y también del instructor, buscar

otras fechas para la diligencia, una vez transcurrido el proceso de formación de la voluntad popular, siendo con ello, las pautas de prudencia marcadas por el Tribunal Supremo en los casos en los que no corre riesgos la investigación o la conservación de la prueba", ha dicho.

"Por lo tanto, la atribución de intencionalidades políticas es infundada, y la alusión a una elección deliberada de connotaciones históricas en la fecha prevista para las declaraciones es sencillamente disparatada", ha subrayado Madrigal.

"Deploro por tanto las actuaciones que, desde ámbitos políticos y mediáticos y de forma partidista y evidentemente interesada, cuestionan la legitimidad del ejercicio de las funciones que tienen encomendadas jueces y fiscales", ha subrayado, para añadir que "una Justicia independiente y un Ministerio Fiscal imparcial son los pilares del Poder Judicial y por ende, del Estado de Derecho, que debemos defender si queremos conservar los logros jurídicos, políticos y sociales que tanto ha costado conseguir".