La juez del caso Mercasevilla toma declaración este jueves a un testigo y aplaza la de un imputado

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la magistrada ha decidido aplazar del jueves al viernes la declaración como imputado de Alfredo Delmo Suárez, arquitecto técnico del área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense, tras la petición realizada a este respecto por su propio abogado, que el jueves debe hacer frente a otro compromiso judicial fijado con anterioridad.

De este modo, el viernes prestarán declaración ante la juez Mercedes Alaya un total de ocho imputados, pues además de este arquitecto comparecerán ante la magistrada, a cuenta de un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, los directivos de seis empresas que presentaron ofertas para hacerse con el derecho de opción de compra de los suelos del mercado de abastos.

Entre ellos se encuentran Juan Nicolás y Eduardo Báñez García, hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, vinculados a la empresa Construcciones Juan de Robles y que presentaron una oferta para hacerse con el derecho de opción de compra de los suelos.

Para el próximo viernes, la magistrada también ha citado a declarar a Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia Bussiness; José Romero González, presidente del consejo de Administración de Prasa, o Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada del consejo de Administración de Sociedad Azucarera Larios.

También declararán Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar --empresa que quedó disuelta y extinguida por haber sido absorbida por Noriega el 26 de junio de 2007--, y Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, hijo del anterior y que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario.

Como es sabido, el procedimiento impulsado para enajenar los suelos del mercado central de abastos de Mercasevilla fue fallado en favor de la propuesta elevada por el grupo promotor 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', filial de la constructora Sando, pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga.

"POSIBLE CONCIERTO" ENTRE MERCASEVILLA Y SANDO

En el auto por el que los imputa, la juez considera que, "de los indicios" expuestos a lo largo del procedimiento, "puede deducirse el posible concierto entre Mercasevilla y Sando para la adjudicación a ésta última del concurso relativo a la opción de compra de los terrenos de la unidad alimentaria, y asimismo idéntico concierto entre dicha empresa constructora y al menos la mayor parte de las sociedades que participaron en dicho concurso mediante la creación artificial de un precio que favoreciera el ofrecido por Sanma".

A juicio de la instructora, las referidas entidades habrían participado en un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, "constituyendo otro indicio más a tener en cuenta las diferentes relaciones societarias existentes entre Realia Business, Sanma a través de Desarrollo Urbanístico Sevilla Este (DUSE) y Edamar, a través de Noralia, así como las relaciones puntuales que a través de UTE, compraventa de terrenos o de asociaciones de promoción inmobiliaria, han tenido algunas de las participantes" en el concurso.

Estas citaciones se producen después de que, en febrero del presente año, el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil elevara un atestado al Juzgado en el que advertía de la existencia de "vinculaciones" entre la mayoría de las ocho empresas que concurrieron al concurso público para la opción de compra de los terrenos de Mercasevilla.

CONCURSO "PREDETERMINADO"

Fue el día 12 de junio de 2012 cuando la juez Mercedes Alaya requirió al Instituto Armado para que informara sobre las relaciones societarias entre las distintas empresas que participaron en el concurso público, ya que sospechaba que el concurso público estaba "predeterminado" para que la venta de los suelos de Mercasevilla se adjudicara a Sanma.

En esta causa, y además de los citados, están imputados el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos; los exgerentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, o el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo.