El PP enmienda la Iniciativa Legislativa Popular para que RTVV abra si se cumplen la condiciones dadas por Fabra

Así, establecen como "exigencias" para la restauración del servicio público de radiotelevisión que no suponga un incremento de la deuda pública, ni un incumplimiento de los criterios de estabilidad y déficit público; que no suponga una minoración de las partidas para sanidad, educación y bienestar social, ni subir los impuestos a los ciudadanos.

Asimismo, señala la necesidad de que se produzca la liquidación definitiva de la entidad pública RTVV y que las resoluciones judiciales que pesan sobre la constitucionalidad de la ley de supresión del servicio; la disolución y liquidación de RTVV; y el ERE, sean firmes.

Las propuestas de los 'populares' se verán el próximo lunes a las 10.30 horas en la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat en las Corts Valencianes, y serán las únicas dado que el resto de grupos parlamentarios no han presentado enmiendas a la ILP.

COMISIÓN PARLAMENTARIA

Por otro lado, las enmiendas del PP incluyen que las Corts creen una comisión pata estudiar la forma de implantación del servicio público de radiotelevisión y que el Consell tenga "en especial consideración" la experiencia y capital humano, técnico y profesional de RTVV para la elaboración de la memoria y proyecto de ley.

En el apartado lingüístico, el PP establece que el servicio radiofónico se dé en las dos lenguas oficiales de la Comunitat, preferentemente en "idioma valenciano". En este punto, advierte de que el "idioma valenciano" se encuentra en estos momentos representado en los medios de comunicación "en un nivel inferior al de otras lenguas oficiales".

Además, declara que el uso y defensa del "idioma valenciano implica la defensa de la identidad, de los valores y de los intereses del pueblo valenciano y de su patrimonio cultural".

Por otro lado, detalla que el nuevo servicio será de titularidad pública, pero podrá tener "cualquier modalidad de gestión" prevista en la Ley Reguladora de los Contratos del Sector Público.