El PSOE lleva al Congreso una iniciativa en defensa de un alto funcionario que acusó de 'mobbing' a Interior

El funcionario en cuestión es Jaime Nicolás Muñiz, con 41 años de antigüedad y más de 26 años de experiencia como nivel 30. Tras ejercer como director de Gabinete de Francisco Rubio Llorente en el Consejo de Estado en la etapa de Gobierno socialista, Nicolás Muñiz solicitó su reingreso en el Ministerio del Interior en 2012 y ahí empezaron sus problemas.

Según explican los socialistas en la iniciativa recogida por Europa Press, Interior tardó dos meses en aceptar el reingreso de Nicolás Muñiz y finalmente le destinó a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento, puesto en el que estuvo año y medio sin que se le encargara tarea alguna.

UNA DENUNCIA "EXTRAVIADA O SECUESTRADA"

Se quejó "reiteradamente" de su situación e incluso elevó una denuncia al ministro Jorge Fernández Díaz, pero esa denuncia, según el PSOE, "fue extraviada o secuestrada durante casi tres meses en la Secretaría de Estado de Seguridad", que no la registró ni le dio trámite.

Haciéndose eco de algunas informaciones, el PSOE apunta a que esa "marginación" del alto financiero y la "inquina" de Interior puede tener relación con el hecho de que un compañero del ministro Fernández Díaz en grupos católicos había sido acusado de plagio años antes por Nicolás Muñoz.

El funcionario acabó denunciando su caso en los tribunales y la Audiencia Nacional, aunque no le dio la razón por cuestiones formales, admitió que había habido "pasividad" a la hora de hacer efectivo su reingreso y asumió que se había producido una "marginación prolongada" ajena a toda legalidad. La sentencia definía la situación como 'bossing', variante del acoso laboral cometido por superiores jerárquicos (por 'boss', jefe en inglés).

Con su iniciativa, el PSOE pretende evitar estas situaciones en el futuro y quiere que el Congreso inste al Gobierno a "respetar escrupulosamente" las carreras funcionariales, a investigar "exhaustivamente" estos casos, a proceder a la "exigencia de responsabilidades a los superiores jerárquicos" y a la reparación moral de los empleados públicos maltratados; y a "abstenerse de emplear la administración o la dependencia de los funcionarios para la satisfacción de intereses privados".