Rumí (PSOE) considera un "fraude electoral y democrático" las medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno

En rueda de prensa Rumí, ha trasladado que España precisa de "estímulos a la economía" que "no son posibles" con las citadas medidas que, al suponer una subida de impuestos como el IBI y el IRPF de forma generalizada, son una "restricción a las clases medias que penaliza al consumo".

En este sentido, ha señalado que los socialistas almerienses consideran estas medidas "injustas, insolidarias e ineficaces" y ha asegurado, a su juicio, "son sólo el inicio de lo que está por venir, castigan a los trabajadores y agudizan la recesión".

Ha criticado así que los ajustes no fueran anunciados en campaña, ni en el discurso de investidura. "Es una excusa infantil que demuestra poca responsabilidad decir que desconocían el déficit público ya que el traspaso de poderes ha sido ejemplar", ha añadido.

La exsecretaria de Estado de la Función Pública ha responsabilizado a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos de la "desviación" del déficit público y ha criticado que el el gobierno "incumpla todo lo que prometía". "El gobierno del PP ocultó en su primera rueda de prensa las medidas de ajuste que iba a aplicar y en tan sólo seis días ha incumplido su programa electoral en cuanto a que no iba a subir los impuestos", ha apuntado.

FRAUDE FISCAL

Acerca de la congelación salarial a los funcionarios y a la no convocatoria de plazas de empleo público ha indicado que la consecuencia será "más del desempleo y menos calidad de los recursos públicos". Al tiempo, Rumí ha lamentado que no se haya planteado ninguna medida contra el fraude fiscal ni de carácter impositivo a las grandes fortunas y a los bancos, por lo que ha considerado las medidas adoptadas como "auténticos parches disfrazados de reforma fiscal".

Rumí ha exigido a Rajoy "que dé la cara y explique la repercusión de estas medidas" y al diputado nacional del PP por Almería Rafael Hernando, igualmente, le ha invitado a explicar "la repercusión de estas medidas en los almerienses y en la economía de la provincia". Ha defendido que se apruebe ya la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) sin esperar a marzo porque los andaluces "queremos saberlos antes de ir a unas elecciones", ha justificado.

De otra parte, el senador por el PSOE de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha resaltado que las nuevas medidas afectan negativamente a una economía "tan competitiva" como la de la provincia de Almería, "que necesita estímulos al consumo en los sectores de la agricultura, el mármol y el turismo".

AGRICULTURA E INFRAESTRUCTURAS

A la espera de que los nuevos ministros den a conocer su proyecto político en cada área, Pérez Navas ha priorizado como "pilares básicos" para la economía de la provincia, "a los que no se puede renunciar", la defensa de la agricultura de Almería en la reforma de la PAC y en el Acuerdo agrícola de la UE con Marruecos, la culminación de las obras de regadío previstas en la provincia de Almería del Corredor ferroviario del Mediterráneo y el soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad de Almería, así como el AVE Almería-Granada.

Asimismo, ha pedido al Gobierno de España que en materia de empleo apoye las medidas de generación de empleo que está llevando a cabo la Junta de Andalucía a través de programas como el Plan OLA o el Plan Encamina2.

Por último, el diputado nacional por el PSOE de Almería Luis López se ha referido a los pensionistas, que en general, "perderán poder adquisitivo pese a la subida de un uno por ciento". En este sentido, ha resaltado que "los pensionistas que menos pagan de IRPF pagan un 0,75 por ciento y los pensionistas que han sido asalariados o funcionario suelen pagar entre un 2 y 3 por ciento de IRPF".

En cuanto al aplazamiento de un año de la incorporación de los dependientes moderados al sistema de protección de la Ley de Dependencia, López ha señalado que estos sólo suponen un 0,6 por ciento del gasto en dependencia, con lo que ahorro que "se logrará será muy bajo, mientras que esta medida sí que tendrá una grave repercusión social, ya que 30.000 personas dependientes en España se van a ver privadas de asistencia y ello va a tener también efecto en la creación de empleo".