La Sala del caso 'Malaya' autoriza vender una finca de Roca por más de 800.000 euros

Según el auto dictado por este Tribunal, el administrador judicial de la empresa Lipizzar Investments presentó un escrito comunicando la venta de dicha finca y solicitaba la ratificación del contrato de compraventa suscrito con una sociedad y que se levantara la prohibición de disponer de la propiedad, acordada en su día por el juzgado instructor.

Así, en su resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala considera "razonable" que se pida una ratificación de la venta, sobre todo tras las reuniones mantenidas entre el Tribunal, el fiscal, el Ayuntamiento de Marbella y Roca con los representantes de las distintas sociedades intervenidas, en las que "se acordó poner en venta todo el patrimonio de Roca".

Para el Tribunal, el precio de venta pactado de 825.000 euros se considera "adecuado", si se tiene en cuenta la situación del mercado inmobiliario y la valoración realizadas en un informe de tasación aportado, que oscila los 832.000 euros. Además, se apunta a que no hay ofertas más favorables a ésta, lo que se une a la "necesidad" de dar liquidez a la sociedad intervenida.

La Sala permite la ratificación de la venta de la finca solicitada, aludiendo a la situación "de incertidumbre y bajada generalizada de los precios que padece el mercado inmobiliario" e incidiendo en que el precio de la propuesta es "acorde" al precio actual general y en "la necesidad de tesorería del entramado societario".

La forma de pago es mediante un cheque del 90 por ciento del precio a la fecha del otorgamiento de la escritura pública, ya que el 10 por ciento restante ya ha sido depositado ante notario a disposición de la administración judicial de la sociedad a la espera de la ratificación y del alzamiento de las cargas decretadas en esta causa y también en los casos Saqueo I y II.

Así, el Tribunal de 'Malaya' autoriza al administrador judicial de Lipizzar a que otorgue la escritura pública de compraventa a favor de la empresa que adquiere la propiedad en los términos y condiciones que constan en el contrato privado y ordena levantar el embargo preventivo que grava la finca y la anotación de prohibición de disponer de la misma.

Según consta en el escrito del fiscal, esta finca es una parcela de terreno donde se ha construido una vivienda unifamiliar en la zona residencial 'Los Granados de Sotogrande', en la urbanización con el mismo nombre, en el término municipal de San Roque, y la parcela ocupa una superficie de 1.367 metros cuadrados, siendo adquirida por la empresa en abril de 2005.