Una juez de Sevilla cita este viernes a los agentes de Gepol que investigaron las irregularidades en la Feria

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla ha citado a declarar este viernes en calidad de testigos a los funcionarios del Grupo Especial de Policía Local de Sevilla (Gepol) que investigaron las irregularidades detectadas en el montaje de la Feria de Abril, investigación que ha derivado en la imputación por delitos continuados de cohecho y malversación del jefe de los servicios técnicos de Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Rafael Carretero.

En un auto, consultado por Europa Press, la magistrada cita este viernes, a partir de las 11,30 horas, a los agentes de la Gepol encargados de la investigación de estas preguntas irregularidades "a fin de ratificar, aclarar y ampliar en los términos que resulten precisos la información" que consta en autos.

La juez Patricia Fernández Franco también ha citado este viernes como testigo al arquitecto técnico de la Delegación de Fiestas Mayores que denunció los hechos y, como testigo y perito, a un asesor técnico de la Intervención Municipal.

La magistrada ha citado a declarar durante el mes de junio a una quincena de testigos y a cinco imputados, como son el propio Carretero, que comparecerá el próximo día 16, los delegados de las empresas Ferrovial-Agroman en Andalucía y UTE RMD & Coyma Fiestas y los representantes legales de Alquileres Quitasol S.L. y de A.E.M. Vázquez S.L., que supuestamente ofrecieron dádivas a Carretero.

La juez abrió una investigación sobre este asunto tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Sevilla, que en su denuncia incluía que las empresas adjudicatarias prestaron servicios gratuitos a Carretero, como el pago de la manzanilla de su caseta o un coche con chófer.

Al hilo de ello, la instructora considera que, en su denuncia, la Fiscalía expone unos hechos "que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal que hace necesario que se reciba declaración" en calidad de investigado a Carretero, todo ello "al desprenderse de los términos de la denuncia indicios de presuntas irregularidades en los expedientes de contratación necesarios para el montaje de la feria".

En concreto, la juez asevera que se denuncia "una desviación en el importe de los expedientes de un 2,5 por ciento de su cuantía con relación al año 2014, importes estos que podrían extrapolarse a años anteriores al haberse repetido su contenido y forma de tramitación", de ahí que "se estime pertinente hacer ofrecimiento de acciones al Ayuntamiento de Sevilla como eventual perjudicado por la malversación de caudales públicos de acreditarse la misma".

LAS IRREGULARIDADES INVESTIGADAS

Según añade la juez, en las irregularidades puestas de manifiesto por el arquitecto técnico de la Delegación de Fiestas Mayores "se reflejan numerosas discrepancias entre las obras y servicios previstos y lo realmente ejecutado", como por ejemplo "el abono de trabajos no realizados, duplicidad en el abono de una misma partida, trabajos no justificados, o trabajos realizados por operarios sin contar con la titulación precisa".

La juez señala que, en las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía, se pone de manifiesto además que "durante el año 2014 y anteriores", Rafael Carretero, "como contraprestación tras asumir la regularidad de las facturaciones que se le presentaban sin objetar volúmenes ni duplicidades, ni controlar la ejecución, recibía a cambio servicios gratuitos" de empresas como Ferrovial-Agroman, adjudicataria de las obras de montaje, desmontaje y alquiler de estructuras modulares y tubulares, así como de Alquileres Quitasol, A.E.M. Vázquez y UTE RMD & Coyma Fiestas.

Asimismo, de la documentación recabada "se desprende además que el señor Carretero, jefe de la sección técnica, firmaría como jefe de los servicios técnicos, puesto inexistente en el organigrama municipal".

La magistrada opina que los hechos descritos por la Fiscalía en su denuncia "reúnen indicios" para citar a declarar como investigados al propio Carretero y a los responsables de estas cuatro empresas por un delito continuado de malversación, todo ello "sin perjuicio de las conclusiones a las que pueda llegarse tras completar las investigaciones en curso, y siendo la declaración en calidad de investigados la que proporcionará a los citados la posibilidad de defenderse de las imputaciones".

"SERVICIOS Y PRESTACIONES EN ESPECIE"

De igual modo, pone de manifiesto que también "concurren indicios" para imputar a Carretero un delito continuado de cohecho del artículo 419 del Código Penal, que sanciona al funcionario público que, en relación a su función, solicite o reciba dádiva o presente, personalmente o a través de persona interpuesta, y del artículo 423 del Código Penal respecto de los responsables de las empresas investigadas.

La juez dice que deberán practicarse "las diligencias imprescindibles para confirmar si como pone de manifiesto la denuncia de la Fiscalía el señor Carretero hubiera venido recibiendo los servicios y prestaciones en especie que se describen por parte de determinadas entidades a cambio de no actuar con el rigor preciso a la hora de verificar las certificaciones que se presentaban por las mismas empresas".