Susana Díaz estudia con Vara coordinar acciones entre Andalucía y Extremadura en defensa de la mina de Aguablanca

Así lo ha informado la Oficina del Portavoz del Gobierno andaluz en una nota este viernes en la que recuerda que la Junta, junto al Gobierno de Extremadura, ya exigió al Gobierno de España el pasado 8 de febrero, en un encuentro celebrado en Sevilla, que realizara las gestiones necesarias para impedir el cierre de la referida mina, y que ambos gobiernos autonómicos reclamaron a la empresa que mantuviera la actividad y el empleo, e iniciara un periodo de diálogo antes de tomar soluciones irreversibles.

Asimismo, la Junta de Andalucía muestra su "apoyo al Gobierno extremeño para reclamar conjuntamente al Gobierno de España que exija a la empresa minera el mantenimiento de la actividad como así lo tenía anunciado".

Desde el Gobierno andaluz se valora que "no es cierto que se cierre la mina por una cuestión de precios del mineral, en este caso el níquel". Así, "la empresa ya había previsto la finalización de su ciclo de extracción en este ejercicio, pero había anunciado nuevos proyectos para la continuidad de la actividad hasta 2018".

La Junta de Andalucía también exige al Gobierno de España que la empresa, en todo caso, "acometa las medidas sociales necesarias para paliar el perjuicio que pueden sufrir los trabajadores andaluces y extremeños vinculados a la explotación minera de Aguablanca, una actividad que se inició en 2004 y que ha reportado importantes beneficios y cánones tanto a la empresa concesionaria como al Gobierno de España".

"Frente a la tesis de la actual concesionaria, el Gobierno andaluz sostiene que el sector minero es una de las actividades con mayor potencial de crecimiento y de creación de empleo, como lo demuestra que en los últimos tres años se hayan sacado a concurso en Andalucía más de 1.000 derechos sobre una superficie de más de 675.000 hectáreas, más que en toda la historia del sector minero en la comunidad".

Igualmente, el Gobierno andaluz pide al Ministerio de Industria que "siga el ejemplo de la Administración autonómica y exija todas las garantías medioambientales, técnicas y sociales a las empresas, como minimizar el coste social del eventual cierre de las explotaciones mediante avales sociales".

Actualmente, las empresas que explotan yacimientos en Andalucía tienen depositados 25 millones de euros en avales sociales cuyos destinarios principales serían los propios empleados.

Desde la Junta se recuerda que la mina está encuadrada en una concesión que, aunque básicamente se encuentra enclavada en Extremadura, también pertenece a los términos municipales de El Real de la Jara (Sevilla) y Santa Olalla (Huelva), si bien, dado su emplazamiento entre dos comunidades autónomas y al estar en una zona declarada Reserva del Estado, la gestión administrativa (permisos, autorizaciones, etc.) corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.