TC admite recursos contra la declaración independentista porque suscitan una cuestión de "consecuencias políticas"

El Pleno del tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos presentados por PP, C's y PSC contra la tramitación parlamentaria de la resolución independentista presentada por Junts pel Sí y la CUP dada su especial trascendencia constitucional y al tener además una relevante repercusión social y política.

Tras llegar a este acuerdo los magistrados ha interrumpido su deliberación aunque volverán a reunirse a partir de las 16.30 para estudiar la posible suspensión del debate del próximo lunes en el Parlament, que ha sido planteada como medida cautelar.

Los magistrados del tribunal de garantías han apreciado de forma unánime que los recursos de amparo presentados este miércoles cumplen el requisito de la "especial trascendencia constitucional" que exige la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) "porque plantea cuestiones sobre las que no hay doctrina de este Tribunal".

Asimismo, el TC señala en su resolución de admisión a trámite que el asunto planteado "trasciende del caso concreto, al suscitar una cuestión jurídica de relevante repercusión social, con consecuencias políticas generales".

PLAZO DE DIEZ DÍAS AL PARLAMENT

Además, el Pleno del TC ha acordado dirigirse al Parlament de Cataluña para que, en un plazo que no exceda de diez días "remita certificación o fotocopia adverada delas actuaciones parlamentarias correspondientes a los acuerdos impugnados" y para que pueda personarse en el procedimiento.

La interrupción parece señalar la existencia de divisiones en el seno del tribunal de garantías sobre las medidas cautelares propuestas, que buscan evitar 'de facto' el debate en el Pleno previsto para el día 9 mediante la suspensión de los efectos de los acuerdos adoptados hasta ahora por el Parlament.

La suspensión del debate del lunes en el Pleno del Parlament como medida previa a la discusión del fondo del asunto tan solo había sido planteada en los recursos de Ciudadanos (C'S) y del PP catalán, mientras que el PSC no la incluyó al entender que el tribunal de garantías no iba a aceptarla, tal y como manifestó este miércoles ante las puertas del tribunal el propio líder de la formación, Miquel Iceta.

No existen antecedentes jurídicos de anulación por el TC de acuerdos parlamentario según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, que diferencian este caso del que llevó al TC, en abril de 2004, a inadmitir los recursos presentados por el Gobierno contra los acuerdos del Gobierno Vasco que aprobaron el denominado "Plan Ibarretxe". Se trataba de adoptar medidas contra la decisión de la Mesa del Parlamento vasco que dio luz verde al inicio de la tramitación del proyecto.

En dicho caso se trataba de recurso de inconstitucionalidad, y además presentado por el Gobierno --lo que conlleva suspensión de ser admitido a trámite--, mientras que las iniciativas presentadas este miércoles son recursos de amparo firmados por grupos parlamentarios.

Siempre que se han pedido medidas cautelares en un recurso de amparo se ha hecho para tratar de dejar en suspenso ejecuciones de sentencias cuyo cumplimiento podría afectar gravemente a derechos fundamentales de las personas. Además, el Tribunal Constitucional sólo ha acordado este tipo de medidas de forma excepcional.

El TC, integrado actualmente por once magistrados tras el fallecimiento de Luis Ortega el pasado 15 de abril, tiene una clara mayoría conservadora al haber sido siete de sus magistrados --entre ellos su presidente Francisco Pérez de los Cobos-- designados con un claro apoyo del PP frente al resto de miembros, tres de los cuales --Adela Asúa, Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés--, se incardinan en la denominada ala progresista. A todos ellos se suma Encarnación Roca, propuesta por el Parlamento catalán en 2012 con el visto bueno de CiU.