El TSJCV se declara no competente para celebrar el juicio por Fitur y lo remite a la Audiencia de Valencia

Así lo ha informado el tribunal valenciano en su cuenta de Twitter, en la que ha señalado que contra esta resolución cabe interponer recurso ante el Tribunal Supremo (TS). El TSJCV ha adoptado esta decisión después de que Milagrosa Martínez, alcaldesa de Novelda (Alicante), dejara hace aproximadamente un mes su escaño en las Cortes, con lo que la pieza se queda sin personas aforadas y, por tanto, la competencia para enjuiciarla no tenía por qué estar circunscrita al tribunal valenciano.

En la pieza 3 del 'caso Gürtel' están procesadas 13 personas: Martínez; la también exconsejera de Turismo Angélica Such; Rafael Betoret, exjefe de Gabinete de la Consejería de Turismo; Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT); Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa --considerados presuntos cabecillas de la trama--; Isabel Jordán, exadministradora de empresas de la trama; y Mónica Magariños, exempleada de las mismas entidades.

Para Milagrosa Martínez, Fiscalía solicita una pena de 11 años de prisión y 34 de inhabilitación por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, mientras que para Such --quien dejó su acta de diputada 'popular' hace aproximadamente un mes-- requiere otros nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.

El PSPV, que ejerce de acusación popular en el 'caso Gürtel', varía las penas con respecto al ministerio público y solicita entre seis y 11 años de prisión para Martínez, y entre 27 y 37 años de inhabilitación, así como el pago de una multa de casi ocho millones de euros; Para Such requiere cuatro años de cárcel, 26 de inhabilitación y 3,5 millones de euros de multa.

A los procesados en esta pieza se les imputó por adjudicaciones realizadas por la AVT, entidad publica de la Generalitat, a la mercantil Orange Market --y otras sociedades vinculadas--, que se encargaba de organizar y realizar la mayor parte de actos del PPCV. Las adjudicaciones fueron contratos relativos a Fitur entre 2005 y 2009, y otros contratos menores.

Asimismo, están acusados de posible duplicidades de pagos abonados a las mercantiles investigadas con anuencia de las distintas autoridades y empleados públicos con funciones de redactar los pliegos y criterios de adjudicación; y de emitir informes a la Mesa de Contratación, concurrir, hacer propuestas y adjudicar concursos a estas empresas.