Testigos de la 'trama eólica' reconocen una orden política para dar preferencia a proyectos con empresarios locales

Los testimonios de ambos funcionarios, en calidad de testigos, se han sumado a las testificales que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid que investiga una supuesta trama, con participación de exaltos cargos de la Junta y empresarios, que en el periodo 2000-2015 se saldó con 'mordidas' por valor de hasta 80 millones de euros por la agilización en la tramitación de este tipo de 'huertos' eólicos.

El primero de ambos, Ricardo González Mantero, hoy director de Energía y Minas pero director del Departamento de Relaciones Externas, Estudio y Formación del EREN entre 2003 y 2005 y a partir de mayo de ese año director del citado departamento, habría venido a reconocer ante la juez, a preguntas del Fiscal Anticorrupción Tomás Herranz, que en aquellas solicitudes de parques eólicos sin participación de socios locales se producía un parón que concluía en cuanto estos últimos pasaban a formar parte del accionariado de las sociedades promotoras.

Así lo ha explicado a posteriori, en declaraciones recogidas por Europa Press, el abogado de la acusación popular ejercida por Ecologistas en Acción, Emilio Martínez, quien ha desvelado que González Mantero reconoce la existencia de "una orden expresa, instrucciones políticas para que no se tramitaran los parques hasta que entrasen socios locales", algo que, según el letrado, atribuye al entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, uno de los principales investigados en la causa, aunque sin llegar a citar al consejero Tomás Villanueva, también citado como investigado.

"ME CORTAN LA CABEZA"

Pero además, tanto González Mantero como el empresario vallisoletano Javier Mozo, accionista de Ibervento, quien también ha declarado como testigo, han recordado que en su momento el propio Delgado, para justificar el parón de la solicitud de distintos parques que dicha mercantil promovía con varias sociedades alemanas, llegó a justificarse con una frase muy elocuente: "Es que si doy el parque a unos alemanes, me cortan la cabeza".

Al respecto, el abogado de EA se pregunta quién iba a cortarle la cabeza, a no ser que fuera el propio consejero, Tomás Villanueva, "y de ahí para arriba, porque seguro que no se refería al ujier", al tiempo que considera "imposible, inconcebible y carente de toda lógica" la tesis de que todo el negocio de las eólicas estuviera depositado tan sólo en manos de Delgado, Ricardo González Mantero y el ex jefe del Área de Eólicas del EREN, Tomás Ciria, en referencia a la posible participación de otros altos cargos, Villanueva entre ellos.

Prueba de la existencia de esas supuestas instrucciones para torpedear proyectos y agilizar otros la ha puesto el que hoy sigue siendo jefe del Servicio de Industria de la Delegación Territorial de la Junta en Burgos, Manuel Muñoz, cuyo testimonio como testigo, tal y como ha subrayado la acusación popular, "sirve para reconciliarse con los funcionarios".

"LLAMADOS A CAPÍTULO"

Y es que Muñoz ha reconocido que un día que él y sus homólogos de otros provincias fueron "llamados a capítulo" a una reunión, presidida por Rafael Delgado, y con participación de González Mantero y Ciria, en la que se le facilitó una "hojita" en la que se le indicaba a partir de entonces cuáles eran los parques que había que agilizar y tramitar con preferencia.

"Se mostró indignado ante aquella hoja sin membrete, ni fecha ni firma y así se lo puso en conocimiento del delegado territorial de la Junta en Burgos", asegura el letrado de EA que ha declarado Muñoz.

Tras las declaraciones de ambos funcionarios, la de González Mantero por espacio de tres horas y la de Muñoz no superior a los tres cuartos de hora, ha sido el turno del empresario vallisoletano Javier Mazo, precisamente quien en marzo de 2006 remitió una carta al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para denunciar, sin éxito alguno, los abusos sufridos en la tramitación de distintos parques en Valladolid y Burgos que pretendía promover a través de su empresa Ibervento.

El empresario, cuyas solicitudes llevaban paralizadas desde 2003, contaba en el accionariado con dos socios alemanes y, finalmente, se vio obligado a vender la empresa a Endesa por una cantidad cercana a los 6 millones de euros debido a que la mercantil, a pesar de ser de pertenecer a un empresario vallisoletano, no figura en el listado de empresas preferenciales.

En apenas diez minutos "ha relatado el calvario por que el pasó", ha resumido el acusador popular, quien también ha puesto en boca del empresario la profunda convicción de que cuando vendió su sociedad Endesa estaba segura de que conseguiría sacar adelante las solicitudes de parques hasta entonces paralizadas.

En este sentido, el representante legal de Ecologistas en Acción ha planteado como interrogante a investigar si las grandes eléctricas que participaron en esta supuesta trama son parte perjudicada, al someterse a las presiones de determinados políticos, o bien beneficiadas al "aprovecharse" de empresarios locales para que les cedieran el negocio.