De la Vega dice que los liberados son el 0,14% de los empleados públicos

Estos son los datos dentro de la Administración General del Estado que ha anunciado la vicepresidenta en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado, y en respuesta a una pregunta de la senadora del PP Beatriz Elorriaga.

De la Vega ha explicado que "otra cosa" son los acuerdos que los Gobiernos autonómicos y los ayuntamientos suscriben con los sindicatos para establecer los cupos, algo que en su opinión crea "problemas" al PP, pero no al Ejecutivo central.

Tras recordar que la Comunidad de Madrid firmó en mayo de este año un acuerdo por el que aumentaba las horas sindicales, ha denunciado al PP por "poner en cuestión un derecho fundamental en democracia".

"Están aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y al hilo de la crisis ponen en cuestión un derecho fundamental de la democracia, que es además un punto de referencia en otros países de la UE", ha resumido.

Para la vicepresidenta primera, el Partido Popular se ha embarcado en una "auténtica ofensiva contra los derechos de los trabajadores", y así, ha dicho al PP: "Se han quitado la careta de Caperucita y se han puesto las fauces del lobo feroz, las de la derecha".

Ésa es, ha destacado, la actitud del partido de Mariano Rajoy para combatir la crisis, la del recorte de los derechos de los trabajadores y la de la reducción de beneficios "a los que más lo necesitan", como ocurre en la Comunidad de Madrid, según ha denunciado.

El Gobierno, por el contrario, trabaja por la recuperación económica y por el fomento del estado de bienestar.

Las cifras en la administración general del Estado las dio De la Vega después de la reclamación de la senadora Elorriaga, para quien hay "una extraña guerra de cifras" al respecto y el Gobierno transmite la impresión de que se trata del "secreto mejor guardado". "Es una incógnita que tiene que ser desvelada", ha apostillado.

Elorriaga ha negado que detrás del conocimiento de las cifras el PP busque recortar derechos de los trabajadores, ya que el motivo fundamental consiste en averiguar "cuánto cuestan al erario público" los liberados sindicales.