Un juzgado británico estudia hoy la extradición a España del militar ruandés detenido por terrorismo y genocidio

Un juzgado británico ha señalado para este jueves la sesión en la que deliberará si extradita a España al militar ruandés Emmanuel Karenzi Karake, detenido este lunes en Londres, por los delitos de terrorismo, crímenes contra la humanidad y genocidio que le atribuye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, según informaron a Europa Press fuentes del caso.

Las familias de las víctimas españolas destacan que el arresto de Karake representa un "paso adelante importante" en favor del "fin de la impunidad" y confían en que las autoridades españolas "hagan todo lo procedente" para abrir juicio oral sobre estos hechos para no vulnerar su derecho a la verdad y la justicia.

Las víctimas piden a España que vuelva a requerir a la República de Sudáfrica el arresto y la entrega del ex general ruandés Kayumba Nyamwasa en virtud de la orden internacional de arresto emitida por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.

Requieren a Reino Unido que Karake permanezca detenido hasta que sea entregado a España, conforme a la orden europea de detención y entrega (OEDE) cursada por el juez Andreu en 2008 al objeto de que declare en el marco de la causa en la que se investiga el genocidio de más de cuatro millones de ruandeses en los años noventa del siglo XX, la mayoría hutus, así como el asesinato de nueve españoles.

Andreu concluyó en septiembre de 2014 esta investigación, en la que están procesados desde 2008 un total de 40 altos y ex altos cargos del país. Tras la limitación de la justicia universal, la Sala de lo Penal archivó la causa contra 11 de los procesados a los que no se atribuían delitos de terrorismo aunque el auto está recurrido ante el Tribunal Supremo por las víctimas.

"PLAN DE EXTERMINIO"

En su auto de procesamiento, el juez Andreu indicó que entre los años 1994 y 2000 más de cuatro millones de ruandeses fueron asesinados o desaparecieron "en el marco de un plan de exterminio por razones étnicas y políticas".

Esta estrategia culminó con la invasión y conquista de la República Democrática del Congo. Las víctimas, que murieron a manos de miembros de la organización político-militar Ejército Patriótico Ruandés/Frente Patriótico Ruandés (APR/FPR), eran en su mayoría refugiados hutus ruandeses y población civil congoleña, también de la misma etnia.

Entre las víctimas del genocidio se encontraban nueve españoles, seis de ellos religiosos y otros tres que trabajaban para la ONG Médicos del Mundo. Sus muertes se produjeron en campos de refugiados, donde trabajaban y "denunciaban los abusos sufrían los desplazados de guerra", según señalaba el auto.

INDICIOS CONTRA KAGAME

El juez acusaba a los 40 procesados de tomar el poder por la fuerza e instaurar un régimen de terror en el país realizando "horrendos crímenes" contra la población civil. La resolución no se dirigió contra el actual presidente de Ruanda, Paul Kagame, porque como jefe de Estado cuenta con inmunidad de jurisdicción y de ejecución.

A pesar de ello, el magistrado destacaba que existen "indicios racionales de criminalidad" en su contra como responsable del Ejército ruandés. El principal testimonio que le incrimina fue aportado por un testigo que integraba un grupo de 11 militares encargados de la protección del presidente.

El testigo relató cómo el propio Kagame ametralló a entre 30 y 40 civiles después de que alguien advirtiera por radio de que un grupo de personas que circulaban por una carretera podían ser paramilitares. El actual presidente ruandés bajó del vehículo en el que viajaba y "sin mediar palabra" disparó una ráfaga que mató a las citadas personas.

La causa se abrió a raíz de que en febrero de 2005 el Foro Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos presentara una querella en la Audiencia Nacional.